El presidente López Obrador cumplió su doble compromiso: nacionalizar el litio y crear una empresa del Estado para su exclusiva explotación y comercialización, en el entendido de que ese metal blando (el nuevo petróleo del siglo XXI) es el que “ambicionan las corporaciones y gobiernos de otros países (patrocinadores de golpes de Estado), pero no lo van a tener ni nos van a poner contra la pared; es de México”.

La reforma a la ley minera, que declara de utilidad pública el litio y reserva al Estado mexicano su exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento, “así como la administración y control de las cadenas de valor económico de dicho mineral”, fue aprobada por el Legislativo en abril de este año, y cuatro meses después, concretamente el pasado martes, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto por medio del cual se crea el organismo público descentralizado Litio para México (LitioMx), “agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Energía, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, operativa y de gestión”. Entrará en funciones en un plazo no mayor a 180 día naturales, de tal suerte que a más tardar el 19 de febrero de 2023 iniciará operaciones.

El referido decreto detalla que el nuevo organismo público contará con un consejo de administración (los titulares de las secretarías de Energía, Hacienda, Economía, Gobernación y Medio Ambiente y Recursos Naturales), pero lo llamativo de todo esto es que deja en claro que tales integrantes “ejercerán sus cargos a título honorífico, por lo que no recibirán retribución, emolumento ni compensación por su participación”. Se acabaron, pues, los tiempos en los que por cada sesión los consejeros recibían, cuando menos, un centenario y otro tipo de “estímulos”.

Al día siguiente de la aprobación del Legislativo, el presidente López Obrador reiteró que “se van a revisar todos los contratos autorizados para litio” en México, y subrayó la desinformación –vía una feroz campaña mediática– promovida por los opositores a la nacionalización de dicho metal. “Ellos saben muy bien lo que significa el litio, un mineral estratégico. Hay sectores muy desinformados que además se creen que son muy cultos, porque incluso algunos tienen hasta doctorados, son sabiondos, pero tienen una mentalidad reaccionaria, conservadora, retrógrada, de lo peor. Y están molestísimos los aspirantes a fifís, pero molestísimos”.

En efecto, como buitres, las grandes corporaciones privadas y sus gobiernos a modo ya se frotaban las manos para clavar los colmillos en el litio mexicano (como en los yacimientos bolivianos, argentinos y chilenos), porque se trata de un enorme cuan estratégico negocio. No es casual, como se comentó semanas atrás en este espacio, que a la cabeza visible del Comando Sur estadunidense, la general Laura J. Richardson, le dio por subrayar la importancia que tiene Latinoamérica en lo que a “minerales raros” se refiere, concretamente el litio, cuya propiedad y explotación exclusiva por parte del Estado sólo ha sido reivindicada, hasta ahora, por México y Bolivia.

Por estos días, bien lo puntualizó Evo Morales: “el precio del litio subió de 4 mil 450 dólares la tonelada en 2012 a 17 mil en 2021 y a 78 mil 32 en 2022”, es decir, mil 753 por ciento de aumento en el periodo, aunque concretamente en el último bienio el incremento fue cercano a 500 por ciento. El ex mandatario boliviano subraya que “pese al impacto de la pandemia del covid-19, la fabricación de autos eléctricos se incrementó 50 por ciento en 2020 y en 2021 se vendieron casi 7 millones de esos vehículos, todos con baterías de litio, el metal del futuro, y además de garantizar energía limpia, fortalece la economía. Con la nacionalización (en su país, 14 años atrás) demostramos que la administración con soberanía del Estado sobre recursos naturales genera ingresos que al ser distribuidos al pueblo producen crecimiento económico”.

Las rebanadas del pastel

Resulta que el repugnante Alito no sólo es brother de las prostitutas mediáticas, similares y conexos, sino que también de la supuesta “autoridad” electoral, Lorenzo Córdova, a quien de plano ya no le cabe tanta mugre en su historial. Excelente labor de denuncia de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. Y lo que falta… Todo apunta a que Jesús Murillo Karam no regresa a su casa: el juez Marco Antonio Fuerte Tapia lo vinculó a proceso por delitos contra la administración de justicia, tortura y desaparición forzada.