Al presentar una ampliación de denuncia contra Jaime Bonilla Valdez, el ex diputado federal Jaime Martínez Veloz solicitó que, en el proceso de juicio político que interpuso contra el ex gobernador de Baja California, se cite a declarar como testigo a la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero Ramírez.

Esto para que la presidenta municipal “aclare, ratifique o rectifique sus declaraciones, donde conmina a los grupos del crimen organizado, a que ‘cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben’ y explique la sincronización de sus afirmaciones, con las de Bonilla Valdez (el miércoles pasado en la Comisión Permanente), dada la gravedad de los hechos y la situación de terror sufrida por la población bajacaliforniana, durante los días 12, 13 y 14 de agosto”.

En el documento que entregó en la Secretaría General de la Cámara de Diputados este día, se refirió a esa declaración de la alcaldesa, y a la de Bonilla en la tribuna del Senado, donde éste acusó que la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila, pactó con el crimen organizado.

Además, Martínez Veloz resaltó que en las estaciones de radio de Bonilla en Baja California se difundió un supuesto mensaje del crimen organizado, donde se hablaba de un “toque de queda” y se amenazaba a los ciudadanos que serían atacados si salían a la calle.

La difusión de esos mensajes “generó temor y un clima de terror generalizado entre la población que prácticamente se encerró en sus casas, teniendo desiertas las calles de las ciudades y comunidades del estado, lo que causó impactos negativos en las actividades económicas, sociales y familiares en la entidad”.

Consideró incluso que “Jaime Bonilla debe ser llamado por la autoridad, para que declare y responda a los siguientes cuestionamientos ¿Cuáles son los acuerdos que afirma que la actual gobernadora realizó y no cumplió? ¿Habla en su carácter de representante popular o como vocero de los cárteles? ¿Cómo sabe el exgobernador de dichos acuerdos? ¿En qué consisten? ¿Participó en los mismos, como actor o como intermediario?”

Además, expuso que vale la preguntar si esos presuntos acuerdos “incluyen el contrato leonino de la planta fotovoltaica que pretendía endosar Jaime Bonilla al actual gobierno del estado, que ya presentó la denuncia correspondiente”.

En la ampliación del recurso, expuso que Bonilla ha declarado que el Presidente estuvo de acuerdo con la construcción de un parque solar en la carretera Mexicali-San Felipe, que tendría un costo de 12 mil millones de pesos, pero al no ser construido, el contrato obliga al gobierno de Marina del Pilar Ávila a pagar una indemnización de 6 mil millones a la empresa regiomontana Next Energy.

Al respecto, planteó: “¿La Presidencia de la República estaba de acuerdo con un proyecto sin sustento legal, que afectaría las finanzas públicas del estado? ¿Tenía conocimiento de que en su aprobación y promoción existían violaciones a la legalidad en la materia y hechos de corrupción que hoy son del conocimiento público y del propio gobierno federal?”

Refirió que “otro hecho grave” ocurrido en el gobierno de Bonilla Valdez fue la contratación del despacho extranjero Fisamex, al que se encargaron supuestas auditorías en materia de consumo de agua potable a empresas, comercios, clínicas, hoteles y edificios en general, que se tradujeron en multas de 2 mil millones de pesos.

De ese monto, el despacho –del cual estaba encargado Manuel García Soto- cobró una cuota de 20 por ciento, esto es 400millones de pesos aproximadamente.

“Sin embargo, muchos de los cobros fueron realizados al margen del marco legal vigente, lo que ha motivado que muchos de los establecimientos multados mediante procedimientos ilegales, interpusieran amparos legales y los han ganado en los tribunales locales, que han ordenado la devolución de las multas”, explicó.

No obstante, el despacho contratado por el ex gobernador “está ilocalizable dado que cerró sus oficinas y hasta hoy las autoridades no han podido dar con su nueva ubicación por ningún lado”…