Después de que el director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer, aseguró el lunes a los diputados que no tiene ni conoce los contratos de compra de fármacos y equipos médicos a la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), este organismo explicó que toda esa información “es pública, se encuentra en la página https://proyectosaludmexico.org/”.

Agregó que se ubica en la sección de transparencia del portal, que desglosa proveedores, montos en dólares y su equivalente en pesos, claves y precios por unidad.

El lunes, en una reunión de trabajo con la Comisión de Seguridad Social, y al preguntarle un legislador panista si cuenta con los contratos, Ferrer respondió que no, pero dijo: “Tengo entendido que hace mes y medio, la Auditoría Superior de la Federación requirió a la Unops los contratos para que se compruebe cómo se gastó”. El funcionario expuso que el Insabi cuenta con la información de lo que se compró y entregó, y resaltó que si bien la ONU es muy escrupulosa en sus contratos y el registro, “a mí no me toca fiscalizarlo”.

La Unops expresó que, “como organismo de Naciones Unidas opera de forma transparente y responsable, bajo los principios de acceso a la información, rendición de cuentas y el fomento de espacios de diálogo abierto”.

Añadió que realiza sus licitaciones internacionales “con múltiples filtros de control y calidad, según normas de integridad, transparencia y competencia abierta, que prohíben todo tipo de tratamiento preferencial a algún oferente”.

Resaltó que el órgano de gobierno de la Unops es su junta ejecutiva, integrada por 36 estados miembros de la ONU, que se rotan periódicamente y son elegidos por tres años. Entre sus atribuciones se define su marco de rendición de cuentas, mecanismos y políticas de supervisión.

Es supervisada por un grupo de auditoría interna e investigaciones, un comité asesor, la junta de auditores y la Dependencia Común de Inspección, organismo externo e independiente de la ONU. Además, la Unops “tiene un firme compromiso de colaboración y coordinación con los organismos de control” del Estado mexicano, y resaltó que para la supervisión y fiscalización de sus procesos “brinda todas las facilidades y la apertura posible”.