Nueva York. Bajo ciertas condiciones, el juez encargado del caso de Genaro García Luna aprobó la solicitud de los fiscales federales de introducir pruebas que acusan al ex secretario mexicano de Seguridad Pública de intentar manipular a testigos en su contra y de haber amenazado y sobornado a periodistas cuando era funcionario.

El juez federal Brian Cogan emitió una orden aprobando en parte la solicitud de los fiscales federales de introducir al proceso algunas grabaciones con el testimonio de un “testigo cooperante”, que se halla en la prisión en Nueva York, donde está encarcelado García Luna, para sustentar la imputación de que el acusado buscaba manipular testigos.

Según los fiscales, García Luna pensaba que este reo y ahora testigo tenía la capacidad, por sus vínculos con otros criminales, para intimidar o asesinar a testigos que el gobierno estadunidense está usando en el caso contra el acusado.

Los fiscales argumentan que el supuesto intento del ex secretario de buscar cómo intimidar o asesinar a posibles testigos en su contra es relevante en el caso que están llevando a juicio, ya que demuestra “culpabilidad” del acusado.

Vinculación clara

Sin embargo, el juez Cogan advirtió que la aprobación de esta solicitud es condicional hasta que los fiscales demuestren la necesidad de incluir la evidencia. Más aún, reprueba a los fiscales por la calidad de una de las grabaciones que han presentado y que el juez intentó escuchar sin éxito. Por tanto, giró instrucciones para que los expertos que elaboraron la transcripción demuestren cómo lograron entender las conversaciones grabadas.

Por todo esto, aunque aprobó la petición, el juez ordenó que por ahora los fiscales posterguen la presentación de estas pruebas hasta el juicio, cuando él emitirá su decisión final sobre si aceptar o no tales acusaciones.

En torno a supuestos intentos de García Luna de “amenazar, hostigar y sobornar” a periodistas cuando era alto funcionario del gobierno mexicano, el juez Cogan aprobó la introducción de estas pruebas, pero sólo con la condición de que los fiscales logren vincular al acusado “directamente a esas supuestas acciones”.

El juez comentó que los fiscales ofrecieron información de una periodista que estaba investigando a García Luna por corrupción y que esa persona alega que “recibió amenazas” de socios del ex secretario y que se enteró de que el entonces titular de Seguridad Pública estaba planeando ordenar su asesinato.

Cogan advirtió que antes de que estos alegatos puedan ser introducidos al juicio, se requiere “evidencia que demuestre que el señor García Luna fue el responsable de estas amenazas” y no sólo porque así lo alega un testigo.

Para concluir, el juez Cogan señaló que de aquí en adelante los abogados de García Luna deberían proceder con mayor cautela al divulgar información sobre testigos que los fiscales intentan no identificar públicamente.

La disposición es una aparente referencia a que los defensores divulgaron las identidades tanto de la periodista que alega haber sido amenazada como del testigo cooperante en la prisión.

Anteriormente los abogados de defensa, al rechazar su credibilidad, habían identificado al potencial testigo como Anabel Hernández, a quien acusaron de usar las supuestas amenazas para fines de autopromoción y publicitarios.

El juicio de García Luna está programado para el 9 de enero, por ahora, en el Tribunal Federal del Distrito del Este de Nueva York, el mismo lugar y el mismo juez del proceso contra Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

García Luna fue arrestado en Dallas y trasladado a Nueva York en diciembre de 2019. Enfrenta cargos federales en Estados Unidos de que entre 2001 y 2012, cuando dirigió la Agencia Federal de Investigación y luego como secretario de Seguridad Pública, brindó asistencia al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos de decenas de millones de dólares.