Los anexos del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa confirman la participación activa de miembros del Ejército para ocultar los restos de los estudiantes desaparecidos. Un análisis del Centro Público de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, del sistema Conacyt, permitió geolocalizar llamadas de integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y determinar sus comunicaciones con militares, funcionarios municipales y federales.

El anexo 8 del informe, titulado “Análisis telefónico Centro GEO”, muestra el registro de comunicaciones entre celulares de miembros de Guerreros Unidos. Señala que el 28 de septiembre de 2014, dos días después de la captura de los 43 estudiantes normalistas, El Chino, apodo que según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) corresponde a Sidronio Casarrubias, líder del grupo delincuencial, recibió una llamada de El Negro, alguien aún no identificado en las indagatorias.

El Negro “le comunica a El Chino que hay rumores de que por órdenes del gobierno de México” van a “borrar evidencia” y que “los cuerpos los van a mover para que no los hallen”, excepto los del “río”, según el reporte. Agrega el documento que El Negro ya está de acuerdo con El Coronel y que “los van a inculpar a ellos”.

Inusitada actividad

En el análisis de las comunicaciones entre integrantes de Guerreros Unidos se observó una actividad inusitada durante la noche del 26 de septiembre, cuando se registraron mil 684 llamadas dentro de Iguala, Guerrero, las cuales se incrementaron a 2 mil 314 al día siguiente, lo que, señala el anexo, “permite inferir que no se trasladó a los estudiantes a otras poblaciones”.

Según los registros, los estudiantes fueron concentrados en los lugares identificados como “bodega vieja” y una casa en Huitzuco.

En la misma llamada citada se “ordena a los sicarios que quemen celulares, ropa, herramienta y todo lo que se haya usado y salgan todos de la ‘cuna’”.

La identidad militar de El Coronel se confirma en otro mensaje, del 29 de septiembre, donde “avisa a El Chino que vieron al Negro con El Coronel entrando al 27 B.I.”, refiriéndose al 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala.

Ese día otra comunicación señala que El Coronel “envía a su gente a catear las casas de los familiares de El Chino y de varios de los sicarios involucrados en la desaparición. Se llevan a los primos del Gordey. Ordena que los soldados saquen los restos de Iguala y ‘se llevaron la mayoría al batallón’”.

En la misma fecha se registró una llamada entre “Karen N y Moreno”, que se resume así en el anexo: “Tomás N” es quien “anda mandando limpiar todo” para que “los funcionarios de alto nivel queden bien”.

En el anexo 5 del informe se menciona a los ex funcionarios federales, estatales y municipales entrevistados para la investigación del caso, entre ellos el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam; Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex coordinador antisecuestros de la antigua Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido); Iñaky Blanco Cabrera, ex procurador general de Justicia de Guerrero; Ángel Aguirre Rivero, ex gobernador de Guerrero; Octavio Vázquez, ex secretario estatal de Seguridad Pública; José Rodríguez Pérez, ex comandante del 27 Batallón de Infantería, y José Miguel Espinoza Pérez, ex delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en Guerrero.

Entre los objetivos prioritarios de la investigación, se afirma, está poder extraditar a Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, actualmente prófugo de la justicia, quien “manipuló indicios para el encubrimiento de los hechos, participó en sesiones de tortura a detenidos con relación a los sucesos”.