El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, afirmó en una reunión privada sobre el caso Ayotzinapa, en Palacio Nacional, que el gobierno de Enrique Peña Nieto “intentó soslayar la responsabilidad del Estado mexicano ante un crimen desmesurado y brutal, y trató de adjudicar la culpabilidad total de los hechos a las autoridades de Guerrero y a sus policías municipales, que eran parcialmente responsables”.
Gertz habló sobre el tema en el encuentro entre autoridades y los padres y madres de los 43 normalistas el pasado 18 de agosto, un día antes de que se hiciera público el informe del caso.
En la conferencia presidencial de ayer se difundió un fragmento de la intervención del funcionario en esa reunión. Ahí indicó que las dimensiones de lo ocurrido impidieron ocultar la realidad y el proceso de investigación se salió de control, por lo que ahora, con las pruebas recabadas, se ha podido deslindar responsabilidades de los diversos órdenes de gobierno y judicializar las causas.
La autoridad federal pretendió adjudicar toda la responsabilidad a las policías de Iguala, Cocula y Huitzuco e identificarlas como las únicas encargadas de entregar los estudiantes masacrados a uno de los cárteles que se disputaban el control de las drogas en Iguala, según el relato del fiscal.
Para lograr lo anterior, los que encabezaron esa investigación “cometieron un número incalculable de abusos, torturas y presiones para obtener las confesiones de dichos policías, adjudicándoles todas las responsabilidades que sus superiores estaban buscando eludir, para después inventar la supuesta verdad histórica, que señalaba que todos los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula, para así concluir el caso y cerrarlo definitivamente”, añadió Gertz.
El fiscal general explicó que el propio “Jesús N” (Murillo Karam) declaró en conferencia de prensa que la entonces Procuraduría General de la República preparaba una investigación que estaría a cargo de su titular. Posteriormente, se movieron todas las “redes mediáticas” para cerrar el caso y asumir la verdad histórica.