El subsecretario de Gobernación especializado en temas de derechos humanos, Alejandro Encinas, en su calidad de presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, confirmó el pasado jueves lo que durante años se ha sostenido en consignas de protesta: “en resumen, se trató de un crimen de Estado”.

Estas nueve palabras no están en el texto del informe oficial del caso (véase el párrafo último de la página 96, de 97: https://bit.ly/3AED6GY). Las agregó Encinas al final de su exposición, en la parte intitulada “Conclusiones”, aunque en esa misma ocasión ya había señalado en otro fraseo la acusación de “crimen de Estado”.

El párrafo luego del cual Encinas pronunció las nueve palabras definitorias no da margen a suponer que la Presidencia de la República (ni las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina) pudieran ser ajenas a ese crimen: “La creación de la ‘verdad histórica’ fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes”.

Esa “acción concertada del aparato organizado del poder” fue realizada “desde el más alto nivel del gobierno”, y en el sistema político mexicano no hay ninguno que no sea la Presidencia de la República. No puede inferirse que tamaña capacidad criminal correspondiera solamente a la Procuraduría General de la República, con todo y el sabido talante mefistofélico de Murillo Karam.

El mismo párrafo mencionado señala que la “acción” concertada “desde el más alto nivel de gobierno” incluyó ocultar “la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia”. Es decir, la PGR era sólo una parte de la concertación hecha desde el máximo nivel de gobierno: Murillo Karam como fundamental pieza operativa, pero no única ni la de mayor responsabilidad.

Sin embargo, hasta ahora, las indagaciones del gobierno federal pretenden dejar fuera del rango de responsabilidades al ocupante de la Presidencia de la República, el citado Peña Nieto, y a otro elemento esencial, el secretario de la Defensa Nacional, general (ahora en retiro) Salvador Cienfuegos.

Hay crimen de Estado, pero no se investiga ni se quiere incomodar al jefe metaconstitucional del Estado de ese periodo, Peña Nieto, comandante supremo de las fuerzas armadas, ni al general del Ejército Cienfuegos ni al almirante secretario de la Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz.

Eximir de entrada a Peña Nieto y los jefes militares significaría reducir lo sucedido en Iguala y en municipios cercanos a una inaceptable innovación teórica: un crimen de semiestado o de Estado a medias. Resultaría que un ocupante de Los Pinos y dos secretarios militares fueron ignorantes o engañados no sólo durante la noche y madrugada de la tragedia, sino en los días siguientes en que se realizó la limpia de escenarios y la desaparición de cuerpos y, posteriormente, el armado de la infame mentira histórica.

Llama la atención, además, que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no haya sido informado oportuna y claramente de lo que se habría de presentar ante los padres de familia en privado y luego en conferencia de prensa el pasado jueves, que dicho grupo no hubiera participado en la redacción de lo dicho ni se le haya dado el acceso directo a todas las pruebas, peritajes y capturas de pantalla en los que se sustenta la nueva postura gubernamental.

Y, mientras ha sido asesinado un periodista más, Fredid Román, en Chilpancingo, del ardiente estado de Guerrero, ¡hasta mañana, con la Convención Nacional Morenista desconociendo a Mario Delgado, Citlalli Hernández y Bertha Luján como autoridades partidistas!

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