Nueva York. El juez encargado del caso de Genaro García Luna aprobó, bajo ciertas condiciones, la solicitud de los fiscales federales de introducir evidencia acusando que el ex secretario mexicano de Seguridad Pública intentó manipular testigos en su contra y que cuando era funcionario amenazó y sobornó a periodistas.

El juez federal Brian Cogan emitió una orden aprobando en parte la solicitud de los fiscales federales de introducir testimonio de un “testigo cooperante” dentro de la prisión en Nueva York donde está encarcelado García Luna, como algunas grabaciones, para sustentar la acusación de que el acusado buscaba manipular testigos.

Según los fiscales, García Luna pensaba que este reo y ahora testigo tenía la capacidad, por sus vínculos con otros criminales, para intimidar o asesinar a testigos que el gobierno estadunidense está usando en el caso contra el acusado. Los fiscales argumentan que el supuesto intento de García Luna de buscar cómo intimidar o asesinar a posibles testigos en su contra es relevante en el caso que están llevando a juicio ya que demuestra “culpabilidad” del acusado.

Sin embargo, el juez Cogan advirtió que su aprobación de esta solicitud es condicional hasta que los fiscales demuestren la necesidad de incluir esta evidencia sobre posible intimidación de testigos en el juicio. Más aún, reprueba a los fiscales por la calidad de una de las grabaciones que han presentado y que el juez intentó escuchar sin éxito y por lo tanto giró instrucciones para que los expertos que elaboraron la transcripción demuestren como lograron entender las conversaciones grabadas.

Por todo esto, aunque aprobó la solicitud de los fiscales sobre este asunto, el juez ordenó que por ahora los fiscales posterguen la introducción de estas pruebas hasta el juicio cuando él emitirá su decisión final sobre si aceptar o no la presentación de estas acusaciones.

En torno a supuestos intentos de García Luna de “amenazar, hostigar y sobornar” a periodistas cuando era alto funcionario del gobierno mexicano, el juez Cogan aprobó la introducción de estas pruebas pero solo sobre la condición de que los fiscales logren vincular al acusado “directamente a esas supuestas acciones”.

El juez comenta que los fiscales ofrecieron información de una periodista que estaba investigando a García Luna por corrupción y que esta persona alega que “recibió amenazas” de socios de García Luna y que se enteró de que el entonces secretario de Seguridad Pública estaba planeando ordenar su asesinato.

Cogan advirtió que antes de que estas evidencias puedan ser introducidas al juicio, se requiere “evidencia demostrando que García Luna fue el responsable de estas amenazas” y no solo porque así lo alega un testigo.

Finalmente, el juez Cogan advirtió que de aqui en adelante los abogados de defensa de García Luna, en aparente referencia a que divulgaron las identidades de tanto la periodista que alega haber sido amenazada como el del testigo cooperante en la prisión, debería de proceder con mayor cautela en divulgar información sobre testigos que los fiscales están intentando no identificar públicamente.

Anteriormente, los abogados de defensa, al rechazar su credibilidad, habían identificado al potencial testigo como Anabel Hernández, a quien acusaron de usar las supuestas amenazas para fines de auto-promoción y publicitarios.

El juicio de García Luna está programado para el 9 de enero, por ahora, en el Tribunal Federal del Distrito del Este de Nueva York - el mismo lugar y bajo conducción del mismo juez que el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

García Luna fue arrestado en Dallas y trasladado a Nueva York en diciembre de 2019. Enfrenta cargos federales en Estados Unidos de que entre 2001 y 2012, cuando ocupaba primero la dirección de la Agencia Federal de Investigaciones y a partir de 2006 a 2012, como secretario de Seguridad Pública, brindó asistencia al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos de decenas de millones de dólares.