La Auditoría Superior de la Federación requirió a la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) los contratos con el gobierno de México para la compra de medicamentos y material de curación, a fin de “que se compruebe cómo se gastó”, informó a la Cámara de Diputados el director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer Aguilar.

En una reunión de trabajo con la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, al ser consultado por los legisladores, el funcionario respondió que él no cuenta con los contratos, aun cuando en julio de 2020 el Insabi, las secretarías de Relaciones Exteriores y de Salud, así como la Consejería Jurídica de la Presidencia firmaron un convenio con la Unops para la compra de medicamentos e insumos médicos.

Indicó que el Insabi tiene la información “de lo que se compró y se entregó”. Además, dijo que la ONU es muy escrupulosa en sus contratos y en el registro. “Pero a mí no me toca fiscalizarlo”.

Durante la reunión con los legisladores, Ferrer Aguilar informó que en octubre el Insabi habrá terminado la negociación del primer contrato bianual de compra consolidada de medicamentos para garantizar el abasto de 2023 y 2024. También precisó que se intenta fijar los precios desde ahora y evitar efectos inflacionarios.

El funcionario señaló que el desabasto de medicamentos no es responsabilidad del Insabi y que tanto en las solicitudes de claves como en la planeación no sólo participan los estados, sino también “el IMSS, el Issste, las secretarías de Salud, Marina, Defensa y Seguridad Ciudadana, y la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad”.

La falta de medicamentos ahora “recae en la distribución”, por lo que sugirió a los diputados legislar en la materia. “Entre la compra y el momento en que llega a los pacientes hay nueve facturas. Se eluden impuestos y venden medicamentos apócrifos. Ya tenemos detectadas a las empresas por evasión y malas prácticas”.