La megaburocracia de la Organización de Naciones Unidas es tal que ni en casos extremos como el de la pandemia (que ha puesto en peligro a toda la humanidad) y en “compromisos” como la distribución medianamente equitativa de las vacunas (a estas alturas hay países que solo han podido inmunizar a un porcentaje menor de su población) puede actuar en congruencia con su “declaración de principios”.

Eso sí, cuando las instrucciones provienen del gobierno de Estados Unidos y éste le truena los dedos, entonces la megaburocracia del organismo (supuestamente) multilateral actúa de inmediato, incluso para tapar todo tipo de tropelías y barbaridades cometidas a lo largo y ancho del planeta por los estadunidenses y sus aliados. En febrero de 2021, el gobierno mexicano denunció en el Consejo de Seguridad de la ONU que por esas fechas “10 países (altamente industrializados) tienen 75 por ciento de las vacunas aplicadas; 100 países, ninguna. Nunca habíamos visto una división tan profunda que afectara a tantos en tan poco tiempo. Urge revertir la injusticia que se está cometiendo; de ello depende la seguridad de toda la humanidad”.

Además, por esos mismos días, la organización Médicos sin Fronteras detalló que “tres de cada cuatro dosis de vacunas de Pfizer están comprometidas mediante acuerdos confidenciales y secretos firmados por los países de altos ingresos, dejando una porción muy pequeña de las dosis para los países en desarrollo y las organizaciones humanitarias. De más de 27.2 millones de dosis de esta vacuna entregadas hasta ahora (última semana de enero de 2021), los países ricos acumulan casi 27 millones (cerca de 93 por ciento del total), mientras estados de ingresos medios sólo han recibido unas 250 mil y los países en vías de desarrollo, ninguna”.

Una más: en febrero de 2021 la propia Organización Mundial de la Salud (OMS, dependiente de la ONU) denunció que “de las 128 millones de dosis de inoculaciones administradas hasta la fecha, más de tres cuartas partes se han aplicado en sólo 10 países, que representan 60 por ciento del producto interno bruto mundial. Hoy, casi 130 naciones, con 2 mil 500 millones de habitantes, todavía no han administrado ni una sola dosis”. Por ello, el gobierno mexicano “reiteró su llamado para acelerar el acceso a las vacunas vía el mecanismo multilateral Covax y reducir el acaparamiento evidente que enfrenta la comunidad internacional. Esta es una herramienta básica, pero también debemos reconocer que ha resultado insuficiente hasta ahora y el escenario que queríamos evitar, desgraciadamente se está confirmando. A la fecha, no se han distribuido vacunas vía este instrumento multilateral. En tal sentido, instamos a los países a evitar el acaparamiento y privilegiar la distribución a las naciones de menores recursos”.

Por ejemplo, a estas alturas, 22 de las 54 naciones africanas registran niveles de vacunación que van de 0.1 (Burundi) a 38 (Egipto) por ciento de sus respectivas poblaciones, todas ellas integrantes del Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (Covax, por sus siglas en inglés) y financiadas por el mismo. Países de los cinco continentes se aliaron con la OMS para contar con acceso expedito a las vacunas, sea éste por financiamiento directo de dicho organismo o por el pago adelantado de aquellas, como en el caso de México.

Pues bien, sirva lo anterior de contexto, pues pasa el tiempo y las cosas no cambian o, en el mejor de los casos, van a paso de tortuga. De hecho, ha sido tal la lentitud en la entrega de vacunas por el Covax y la lerda respuesta de la megaburocracia de la ONU que el gobierno mexicano ha decidido actuar en el plano judicial en contra de dicho fondo de acceso global, porque no las entrega ni rembolsa el dinero.

El presidente López Obrador lo informó así: “vamos a presentar una denuncia, pues no nos han entregado vacunas. Covax nos adeuda 75 millones de dólares. Entonces, contra Covax y la ONU, porque ya es mucho, es el colmo. Y lo haremos lo más pronto posible. Imagínense, adelantarles dinero por las vacunas, creo que ya va para un año y hemos buscado un acuerdo, siendo tolerantes, pues se trata de un organismo internacional, pero no somos encubridores”.

Las rebanadas del pastel

¿Quién sigue? De entrada, hay 20 militares implicados en el caso Ayotzinapa. La Secretaría de la Defensa Nacional fue notificada oficialmente por la Fiscalía General de la República, y el de mayor rango es el general Alejandro Saavedra Hernández. Y los que faltan.