La Guardia Nacional (GN) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizan desde principios de año operativos en conjunto para inhibir la tala ilegal en la zona boscosa que abarca los límites de la alcaldía capitalina de Tlalpan, Morelos y el estado de México, lo cual ha logrado reducir la incidencia de este fenómeno delincuencial, de acuerdo con las autoridades.

Durante un recorrido que hicieron con La Jornada, representantes de ambos organismos mostraron las labores de reforestación que están llevando a cabo en zonas afectadas y alertaron que la tala, en la se han involucrado grupos de la delincuencia organizada, es un problema “grave” para los ecosistemas forestales.

Alejandro Vallejo Reyes, inspector general de la GN, explicó en entrevista que aunque la presencia de este cuerpo de seguridad en la zona no es nuevo, “a partir de este año ya estamos de manera permanente desplegados en esta área”, con personal que realiza patrullajes para ahuyentar o detener a los talamontes.

En esta zona de bosque templado frío, donde predominan los pinos, oyameles y otras coníferas, se ha detenido en 2022 a 17 personas, presuntamente responsables de este delito ambiental, además de decomisar 20 vehículos y diversas cantidades de armas, motosierras y madera extraída de forma ilegal, abundó.

De acuerdo con Vallejo, en meses recientes la presencia de los efectivos de la GN ha logrado inhibir la actividad de los talamontes, quienes al ser descubiertos simplemente huyen de la zona para evitar su detención, sin que hasta el momento hayan atacado a los uniformados que vigilan el bosque a pie en horarios y rutas diferentes.

Por su parte, Aarón Curtidor, inspector federal de la Profepa, señaló que la tala clandestina se incrementó durante la pandemia, debido al poco tránsito de personas que podrían dar aviso sobre este ilícito; además, apuntó que los responsables del fenómeno son los mismos grupos del crimen organizado que se han dedicado al huachicoleo.

El funcionario señaló que, según cálculos preliminares, la zona afectada por la tala en esta región boscosa es de unas 133 hectáreas, y agregó que en las próximas semanas se hará un recuento para saber ese dato con mayor precisión.

Detalló que la madera extraída ilegalmente suele transformarse en tablones, polines, tarimas y gualdras (vigas utilizadas como trabes de carga), y su valor económico en el mercado puede ser de mil 800 pesos por metro cúbico de madera en rollo, es decir, en su estado natural después de ser talado el árbol.

Angélica Romero, también inspectora federal de la Profepa, destacó que la tala ilegal no sólo afecta la labor de captura de agua y carbono que realizan los árboles de esta zona del corredor biológico Chichinautzin, sino que propicia el desgaste del suelo por el arrastre de los troncos, lo que a su vez genera erosión y deslaves.

Sumado a lo anterior, se destruye el hábitat de diversas especies silvestres, como el gorrión serrano y el teporingo, y se rompe la continuidad del bosque, con áreas cuyo uso de suelo suele modificarse para “aprovecharlo” como tierras agrícolas o potreros.

Al término del recorrido, la GN y la Profepa mostraron los trabajos de reforestación que hacen en diversos terrenos forestales, en los cuales se siembran grupos de tres árboles juntos, separados por una distancia de 1.5 metros. En lo que va del año, especificaron, se han sembrado 5 mil 160 ejemplares de ocote blanco, pino Moctezuma y pino de altura.