Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz llevan más de 20 años luchando por recuperar su libertad y acceder a la justicia, luego ser acusados del homicidio de la regidora de Atizapán de Zaragoza, estado de México, María de los Ángeles Tamez Pérez en 2001. Su caso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh), que el 26 de agosto realizará una audiencia pública en la que participarán representantes del Estado mexicano.
David Peña, su abogado, adelantó que allí se revisará la figura de prisión preventiva oficiosa, luego de que sus representados pasaron más de 17 años presos sin sentencia en el penal de Barrientos, así como la inconvencionalidad del arraigo, la tortura que sufrieron, al igual que la desviación de poder que existió al tener pruebas de que detrás había un interés político.
Para Daniel todo comenzó en febrero de 2002, cuando trabajaba como secretario particular de Antonio Domínguez, ex alcalde panista de Atizapán. En ese entonces gobernaba la entidad el priísta Arturo Montiel; fue detenido sin orden de aprehensión, lo arraigaron y sufrió tortura sicológica. “A él le decían que si no se declaraba culpable ‘nos vamos a chingar a cada uno de los hombres de tu familia’”.
Después “empezó la fabricación de delitos” también en contra de los familiares de Daniel, entre ellos su padre. Además, como faltaba “el brazo ejecutor” del homicidio detuvieron a Reyes, quien ni siquiera conocía a Daniel, e igualmente sufrió tortura física “muy grave”.
Desde 2019 siguen su juicio en libertad con brazalete electrónico que les impide salir del estado de México; en marzo pasado fueron sentenciados a 35 años de prisión, lo que fue impugnado.
“Nosotros contextualizamos que había un interés político en el caso en ese momento para golpear al PAN y después por preservación, por el tema de la imagen pública, porque era ‘nosotros (gobierno priísta) sí resolvemos’, y finalmente para tapar toda la porquería que hicieron”, aseveró Peña.
En 2017 el Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU se pronunció por su liberación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha reconocido violaciones a sus garantías.
Peña expuso que lo que se resuelva en la Coridh podría tener un impacto más allá del que habría en la sentencia. Si se declara inconvencional el arraigo llevaría a eliminarlo de la Constitución, y en el caso de la prisión preventiva se pudiera establecer la necesidad de que se ajuste a ciertos criterios.
