A dos meses del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, en la iglesia de Cerocahui, en Urique, Chihuahua, así como de Pedro Palma y Armando Berrelleza, “seguimos sin obtener justicia”, señaló la orden religiosa Compañía de Jesús y pidió que, “frente a décadas de violencia, se revise el modelo de aplicación de las leyes en todo el país”.

En un comunicado, manifestó que “estamos convencidos de que sin justicia no habrá reconciliación en la zona rarámuri”, y reiteró el llamado a los tres niveles de gobierno para que “avancen las investigaciones judiciales, que no se pierdan en los laberintos de la impunidad, así como que se dé garantía a las condiciones de seguridad para los pobladores de una zona donde prolifera el miedo”.

A 62 días de “esos dolorosos crímenes, otros hechos de violencia se han sumado a esta crisis que padecemos”. Expuso que “la violencia que vivimos no se resuelve con estrategias que implican la ampliación de las capacidades del Ejército, como quedó demostrado en la historia reciente. La militarización no es la respuesta, es sólo un paliativo que pone en riesgo la paz”. La justicia “es una obligación del Estado y es también un justo tributo a nuestros hermanos Javier, Joaquín, Pedro y Armando, así como a las miles de víctimas de la violencia en el país, cuyos nombres se mantienen en el corazón de sus deudos”, agregó la provincia mexicana de la Compañía de Jesús.

A la par de su exigencia, la congregación expresó mantener “nuestro compromiso para proyectar soluciones que permitan avanzar hacia la pacificación del país”. Por lo anterior, convocó a los mexicanos a seguir los Diálogos por la justicia y la reconciliación para la paz que impulsa con la Conferencia del Episcopado Mexicano y la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos.