El general colombiano Óscar Naranjo publicó un libro en el que cuenta sus hazañas capturando traficantes de cocaína. En uno de los capítulos relata cómo fue capturado alias Chupeta, famoso por sus caletas –los escondites de dinero de traficantes en Colombia– calculadas en 38 millones de dólares. Los bienes incautados a los narcos se vuelven trofeos, negocios de otros o ruinas. Superando las anécdotas, lo que sí podemos afirmar es que en Colombia, las ciudades y campos están plagados de estos bienes urbanos y rurales, y hay importantes montos de depósitos de dinero en custodia del Banco de la República. En el discurso de posesión, Gustavo Petro habló de intervenir su administración. ¿Qué está en juego?
La puja por estos recursos ha sido una constante. Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez las caletas de traficantes denominados Los Mellizos Mejía Múnera pasaron por extinción de dominio por un monto aproximado de 7 millones de dólares que fue repartido para la Policía Nacional –adquisición de equipos para “la lucha contra el narcotráfico”–, para el DAS –entidad acusada de espionaje sobre la oposición política con el fin de adquirir equipos de alta tecnología– y por la presidencia de la república para la recuperación del programa Familias Guardabosques –una estrategia de transferencias condicionadas de dinero para campesinos que funcionó como compra de lealtad contrainsurgente–. También sirvió para nutrir de fondos a la Escuela Militar José María Córdova –para un centro de entrenamiento militar– y ese mismo presidente usó parte de este dinero para mandar hacer bustos del general José María Córdova en Ecuador. El Ministerio de Defensa, por ejemplo, usó ese dinero para la adecuación de bases militares y para la Escuela Militar de Cadetes. Programas como la Red de Solidaridad Nacional en esa época reclamaron que necesitaban fondos porque había déficit en su funcionamiento para la atención humanitaria, mientras la fuerza aérea reclamó que se necesitaba esa plata para reparar helicópteros.
El trasegar de estos recursos tiene una de sus expresiones más paradójicas y contradictorias en el uso de estos dineros para la construcción de cárceles, porque, como dijo el ministro de Justicia de ese momento, Sabas Pretelt de la Vega, “en desarrollo del programa de seguridad democrática, mensualmente se capturan mil personas; si la estadística se mantiene, al final del año tendremos 12 mil internos más y cuando termine el gobierno del presidente Uribe habrá 31 mil más”.
Es así como estos dineros, repartidos en la bolsa del Estado colombiano, sirvieron para fortalecer la falacia de la “lucha contra las drogas” y para exacerbar el estado carcelario en el país entre 2002 y 2010. No hay transparencia ni información sobre cómo fueron invertidos esos dineros dentro del Ministerio de Defensa o de las oficinas de Inteligencia del Estado colombiano –como el DAS–.
También hay denuncias de cómo los congresistas colombianos han usado y presionado la oficina de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) –encargada de la administración de estos bienes– para obtener licencias de administración en su favor y el de narcos, donde terminan construyendo un circuito legal de testaferrato en el que los traficantes de cocaína nunca pierden la posesión.
La ficción de la “lucha contra el narcotráfico” diseñó el sistema de extinción de dominio que fortaleció el Estado represor en Colombia. En su discurso de posesión, Gustavo Petro afirmó la intervención de la SAE para transferir la administración de estos bienes a las organizaciones populares y el grupo de empalme propuso el aprovechamiento de 430 mil hectáreas que se encuentran en extinción o en proceso de extinción, 201 mil hectáreas que se pueden regular que se encuentran en ocupación irregular y 7 mil 500 bienes rurales.
Si Colombia es capaz de sacar del mercado la propiedad privada acumulada bajo la crueldad y explotación del Estado y de los traficantes sobre productores y usuarios de drogas, y logra convertir ésta en bienes comunes, no transables, populares, no sólo es un golpe para este mecanismo perverso, sino es una derrota para las huestes del capitalismo; la radicalidad del cambio colombiano es que extinguimos el dominio privado para potenciar la vida. Un requisito principal de la propuesta de acogimiento/sometimiento de los traficantes de cocaína que está proponiendo el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez debe ser que los narcos permitan este tránsito de forma pacífica.
*Doctora en sociología, investigadora del Centro de Pensamiento desde la Amazonia colombiana A la Orilla del Río. Su último libro es Levantados de la selva
