En un mundo que tiende a la multipolaridad, el actual choque entre potencias capitalistas se libra en territorios de estados de menor peso mediante guerras proxys o por delegación, como el conflicto de Estados Unidos/OTAN contra Rusia en Ucrania −que podría reditarse en el espacio indo-Pacífico contra China con epicentro en el estrecho de Taiwán−, e incluye a países e intermediarios aliados, gobiernos títeres o cipayos y mercenarios. También las “reglas” de Occidente, en particular las “sanciones” (guerra comercial-económico-financiera) de carácter extraterritorial que EU aplica a sus enemigos con apoyo de los gobiernos serviles de la Unión Europea, Inglaterra, Japón y Australia, y que están al margen del derecho internacional y los principios de la ONU.

Como planteábamos en notas precedentes sobre EU y la geopolítica del petróleo, la energía fósil ocupa un lugar central en la pugna intercapitalista por los recursos naturales, a los que se suman en la coyuntura el agua dulce, las tierras raras y el litio. Al respecto, en julio pasado, la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur del Pentágono, reiteró en el Foro de Seguridad de Aspen, en Colorado, y durante la sexta Cumbre Concordia de las Américas 2022, realizada en Miami, que buena parte del petróleo pesado y liviano, de las reservas de agua dulce, las tierras raras y el litio están en el “vecindario” del imperio. Y como responsable de la “opción” militar de EU en el subhemisferio (las otras ramas de la estrategia son la diplomacia de fuerza del Departamento de Estado y las sanciones y judicialización de las acciones encubiertas de la CIA, la DEA y el Pentágono por los departamentos del Tesoro, Comercio y Justicia), alertó sobre la “amenaza extrarregional” que representan China y Rusia.

Con gran fruición neomonroísta, la generala Richardson apuntó sus baterías sobre el llamado “triángulo del litio”, región fronteriza que abarca territorios de Bolivia, Chile y Argentina, y concentra 68 por ciento de las reservas mundiales del oro blanco: Bolivia 30 por ciento, Chile 21, Argentina 17 del total. El metal, que se usa para fabricar baterías de iones que alimentan vehículos eléctricos, teléfonos inteligentes y dispositivos portátiles, armas y equipos militares, estuvo detrás del golpe de Estado de EU y la OEA contra Evo Morales en 2019 en Bolivia, país que tiene convenios con China, refinador número uno del recurso y a la vanguardia de la fabricación de baterías. [México, que en abril de este año nacionalizó la industria del litio, tiene la novena reserva más grande del planeta, ubicada en la zona fronteriza con EU, donde también se hallan las cuencas de Burgos y Sabinas, ricas en hidrocarburos.] A su vez, el Acuífero Guaraní, que se extiende debajo de una parte de la superficie de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, es el tercer reservorio natural de agua dulce del orbe (31 por ciento del total). De allí las “preocupaciones” de Richardson, emitidas también en marzo último ante el Comité de Servicios Armados del Senado en Washington, ante las alianzas estratégicas e integrales de China con países latinoamericanos.

En ese complejo juego de intereses geopolíticos, Venezuela, con las reservas más grandes de hidrocarburos del mundo, es, desde siempre −en particular a partir de los años 70, cuando el boicot petrolero de la OPEP a EU−, la presa más codiciada de la presidencia imperial y el Estado profundo que controla la Casa Blanca (junto con el petróleo de México, atrapado en los candados impuestos por Washington en las “letras chiquitas” del TLCAN/T-MEC). Asimismo, ante el escenario multipolar en ciernes, Venezuela cuenta con el oro suficiente para instaurar un nuevo sistema monetario al margen del dólar.

En ese contexto hay que ubicar el ilegal secuestro del Boeing 747-300M, matrícula YV3531 de la empresa Transportes Cargo del Sur (Emtrasur), filial de la compañía pública Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), por la “justicia” argentina, como parte de un montaje de los aparatos de inteligencia y propaganda de EU, con la colaboración de los ministerios de Defensa e Interior de los gobiernos de Paraguay y Uruguay y de la embajada de Israel en Buenos Aires, y la presión del poderoso lobby sionista en Argentina; la intoxicación político-mediática de la oposición macrista y la prensa hegemónica adversa al vacilante presidente Alberto Fernández; y el atenazamiento final de Washington a través de una acción conjunta, extraterritorial −con base en la lógica punitiva de las medidas coercitivas unilaterales que transgreden el derecho internacional−, de los departamentos del Tesoro de EU (con su “lista negra”), Comercio y Justicia a través de la guerra jurídica (lawfare) encomendada al Tribunal del Distrito de Columbia, en Washington, DC.

Como antecedente, en 2021 Conviasa compró el Boeing a la línea aérea iraní Mahan Air, y después de haber navegado por 13 países sin contratiempos, llegó el 6 de junio de 2022 al aeropuerto internacional de Ezeiza procedente de Querétaro, México, con una carga de autopartes para la Volkswagen Argentina. Allí, Shell se negó a cumplir el contrato prepagado para surtir combustible a la aeronave, que voló a Montevideo, donde el ministro de Defensa uruguayo le negó el aterrizaje, y regresó al aeropuerto argentino, donde fue retenido. Dado que Emtrasur carecía de pilotos locales con licencia en 747-300, la tripulación está integrada por cinco instructores iraníes y 14 sobrecargos venezolanos. Con el ardid de la siempre renovada “trama iraní” −Venezuela, Cuba, Corea del Norte, Irán et al. integran el “eje del mal” de sucesivas administraciones de EU−, y el señuelo del “terrorismo internacional” (aderezado con el partido libanés Hezbolá y las fuerzas Quds pertenecientes a la Guardia Revolucionaria Islámica), se fraguó la matriz de opinión: avión iraní-venezolano/guardia islámica/terrorismo, y utilizando a dos funcionarios venales: el corrupto juez Federico Villena y la fiscal Cecilia Incardona, ambos en contubernio con la embajada de EU en Buenos Aires, Washington logró incautar el avión y retener a la tripulación. Objetivo: intentar disciplinar a los gobiernos de Argentina, Venezuela e Irán, y seguir robando bienes al Estado venezolano.