Buenos Aires. Con un largo alegato los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani, cercanos a la oposición de derecha aquí, pidieron este lunes una pena de 12 años de prisión y la proscripción e inhabilitación definitiva para la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, actualmente vicepresidenta del gobierno del peronista del Frente de Todos, en una causa marcada por pruebas falsas, testigos que desmintieron las acusaciones y numerosas irregularidades en la que fue acusada de encabezar una “asociación ilícita”.

Al cierre de esta edición, la policía de Buenos Aires, gobernada por el derechista Horacio Rodríguez Larreta, reprimió a miles de simpatizantes de Fernández de Kirchner que se concentraron alrededor del edificio donde vive para manifestarle su apoyo, denunció la propia vicepresidenta en Twitter.

También un grupo de opositores violentos se dirigió al lugar, y fue cuando los partidarios de la ex mandataria fueron reprimidos con el argumento de evitar una confrontación entre ambos grupos. El diputado provincial Adrián Grana fue detenido.

En lo que el diario Página/12 describió como un “escandaloso show plagado de irregularidades”, Fernández de Kichner es acusada de defraudar al Estado por el equivalente de mil millones de dólares en una causa sobre la ejecución de la obra pública en la provincia sureña de Santa Cruz (2003 a 2015), después de la ilegal reapertura de este proceso similar a otro que fue cerrado por falta de pruebas y por testimonios que no convalidaron la acusación.

El gobierno, funcionarios y dirigentes peronistas en todo el país condenaron esta resolución, en momentos en que un sector de la justicia, se ha convertido en un Partido Judicial opositor, y continúa judicializando la política en su objetivo de perseguir al peronismo como se hizo durante el gobierno de Mauricio Macri.

La vicepresidenta solicitó la ampliación de su declaración, para responder a las “pruebas” que no corresponden a esta causa, lo que le fue negado. “No estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial”, tuiteó Fernández de Kichner.

Ante el alegato del fiscal Luciani comenzaron a llegar comunicados de apoyo a la ex mandataria, incluyendo de 500 intendentes, los gobernadores provinciales, también la Confederación General del Trabajo y la Central de Trabajadores Argentinos y otros similares que advirtieron sobre la “provocación” con que actúa la oposición cada vez más violenta, como en esta causa reabierta.

Especialmente el tema es más sensible a partir de la injerencia manifestada abiertamente por el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, quien llamó a la oposición a integrar una coalición. Mensajes desde toda América Latina llegan en apoyo a la ex presidenta.

También el presidente, Alberto Fernández, fue acusado por los fiscales de haber defendido “puerilmente a su compañera de fórmula” cuando declaró como testigo y por “injerencia indebida” en el Poder Judicial debido a que en su testimonio dijo que las decisiones en materia de contratación pública no son revisables en los tribunales.

El mandatario tuiteó: “hoy es un día muy ingrato para alguien que se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal desde hace más de tres décadas. Vuelvo a transmitir mi afecto y solidaridad a la vicepresidenta”.

Entre los testigos en la versión anterior de esta causa figuran empresarios, como Angelo Calcaterra, primo de Macri, que incluso reconocieron que el empresario Lázaro Baéz, también acusado sin pruebas y que tenía una empresa en Santa Cruz, cumplió con sus tareas en esa provincia.

La ex mandataria, es la figura política más perseguida en la historia después del tres veces presidente Juan Domingo Perón y su esposa Eva Duarte de Perón, Evita.

En este caso la persecución es protagonizada por la prensa opositora, la justicia, los agentes y espías del pasado gobierno de la derechista Coalición Cambiemos (Juntos por el Cambio).

Luciani también pidió otra condena de 12 años de prisión para Báez; de 10 años para el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José Francisco López; y el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti.

Solicitó el decomiso de unos cinco mil 321 millones de pesos (unos 78 mil 229 dólares) para ser destinados supuestamente a instituciones de bien público. La sentencia se conocerá en diciembre, puede ser apelada en diversas instancias y no tendrá validez hasta que no esté firme.

En este marco, la senadora bonaerense del Frente de Todos, Teresa García calificól os dichos del fiscal como una “vergüenza, un alegato llevado adelante sin pruebas y sin que participara la defensa, con una suerte de montaje en show”, y no es solamente contra Fernández de Kirchner sino que se trata de lo que simboliza en cuanto a los derechos conquistados. Esto va en contra de un proyecto de país y contra la región. Este martes será un día clave en Argentina.