La Paz., El presidente de Bolivia, Luis Arce, aseguró ayer que el acuerdo que su gobierno firmó para resarcir a las víctimas del régimen castrense es un homenaje “a todas y cada una de las mujeres y hombres valientes que cayeron resistiendo los golpes de Estado y las dictaduras militares” de este país.

Tras la firma del Acuerdo Nacional con Víctimas de la Dictadura Militar del Periodo 1964-1982, suscrito en la Casa Grande del Pueblo, Arce señaló que el objetivo de su gobierno es “luchar” para construir un Estado democrático para que “todos vivan mejor”.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, afirmó que el pacto “es un paso muy importante en la búsqueda de la reparación integral de las víctimas de la dictadura y gobiernos de facto”, ya que fueron “periodos que dejaron dolor y graves vulneraciones a los derechos humanos”.

Subrayó que recibió instrucciones del mandatario para “avanzar en el proceso de reparación de las víctimas de las décadas de los 60, 70 y 80 y del nefasto periodo de 2019”, cuando se perpetró el golpe de Estado contra Evo Morales, por lo que realizó reuniones con los afectados para alcanzar un acuerdo y reparar el daño que sufrieron.

Recordó que en 2004 se promulgó la Ley 2.640 para resarcir a las víctimas de violencia de 1964 y 1982, pero como no se contó con los recursos económicos, se estableció un parámetro de calificación que en muchos casos no pudo ser cumplido.

“En 51 años no hubo en los tribunales de justicia una sola sentencia que determine lo fundamental para las víctimas: la justicia. Sin embargo, el gobierno de Arce emprendió una lucha por la memoria, verdad y justicia, y este momento marca ese compromiso para todos”, concluyó.

La presidenta de las víctimas de las dictaduras, Victoria López, señaló que confían en la firma del acuerdo y pidió a Arce que “cumpla fielmente” lo prometido para que las víctimas no sean borradas “de la histora”. “Queremos que continúe esa investigación para que no queden impunes los que cometieron crímenes de lesa humanidad”, remarcó.

Las víctimas tendrán, además de un resarcimiento económico, la posibilidad de acceder a un ambiente para poder reunirse, y se gestionará el uso de un espacio público conmemorativo “de la lucha por la recuperación de la democracia”.

En otro asunto, Bolivia se sumó a la solidaridad internacional con Cuba por el incendio de una central de almacenamiento de petróleo en Matanzas con un donativo de 62 toneladas en alimentos, medicinas y equipos.