Guadalajara, Jal., La falta de solución al añejo conflicto agrario entre comuneros indígenas de San Lorenzo Azqueltán, en Villa Guerrero, y caciques de la zona que se niegan a entregar las tierras o las usufructúan con la complacencia de autoridades municipales, derivó nuevamente en amenazas de muerte y de secuestro contra la comunidad, según denunciaron lugareños.

En esa región, ubicada en el norte de Jalisco, desde hace al menos cuatro años se han cometido los delitos mencionados en perjuicio de tepehuanos y wixárikas que ahí habitan y buscan en tribunales la restitución de su territorio, sin que exista castigo contra los agresores pese a estar plenamente identificados, como es el caso de José Flores Sánchez, La Polla.

El pasado 19 de agosto, dicho sujeto llegó acompañado del comisario municipal de Azqueltán, Cayetano Aguilar Quiñones –a quien los comuneros acusan de haberse coludido con los caciques y de lucrar con las tierras comunales– y preguntó a los indígenas que se encontraban construyendo un espacio cultural tepehuano quién les había dado permiso de trabajar en ese predio, cuya propiedad se atribuyó.

Los indígenas le contestaron que si en realidad era el dueño del terreno de hectárea y media que está dentro de la cabecera comunal, acudiera al Tribunal Agrario para hacer valer sus derechos. La respuesta habría enfurecido al cacique.

“Esto no se arregla con tribunales, se arregla levantando y secuestrando”, advirtió La Polla, en presencia de Cayetano Aguilar, revelaron los comuneros, quienes acusaron a este último de “vender descarada y fraudulentamente tierras que no le pertenecen”.

Aseguraron que el comisario ha rentando el territorio comunal a personas externas para el pastoreo de ganado, ha lucrado con maderas del bosque de pino y hasta ha otorgado permisos para hacer prospección minera.

Los tepehuanos y wixárikas responsabilizaron a los dos personajes mencionados y a su “grupo violento, encabezado por Favio y José Guadalupe Flores Sánchez de cualquier agresión que pudiera cometerse contra los habitantes o de otras situaciones de violencia que atenten contra la comunidad”.

Llamaron a las autoridades estatales y federales, así como a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a terminar con la impunidad y protección que se ha dado a estos caciques, ya que esta nueva advertencia se suma “a una larga lista de agravios, amenazas, ataques armados, intentos de homicidio, secuestro y desaparición que hemos denunciado en 32 carpetas de investigación”. Pese a ello, sentenciaron, los agresores siguen gozando de absoluta impunidad.