¿Habrá un poder superior al del Estado mexicano, que al final de cuentas es el que decide qué, cuándo, cómo y a qué hora se solucionan o no los conflictos obrero-patronales, especialmente aquellos que acumulan 15 años sin resolver? La duda surge, porque transcurren los años, se suceden los gobiernos, y una y otra vez se “refrenda” la supuesta “buena voluntad” de la autoridad en turno para actuar conforme a derecho, para que nada suceda, todo se repita (en una suerte de historia tipo Sísifo, pero en el plano político-laboral) y la situación permanece inamovible.

De nuevo, los integrantes de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana decidieron bloquear la carretera federal México-2 en el tramo Ímuris-Cananea, en Sonora, para exigir al gobierno federal resolver la huelga que ya suma 15 años en la mina Buenavista del Cobre (antes Mexicana de Cananea, otrora paraestatal, sin olvidar las existentes en Sombrerete, Zacatecas, y Taxco, Guerrero), que explota el consorcio Grupo México. Tal bloqueo se prolongó ocho horas, toda vez que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, “se comprometió a presidir una reunión el próximo 6 de septiembre en las oficinas de la dependencia a su cargo, con la representación nacional y local de los mineros en huelga” ( La Jornada, Andrea Becerril).

Excelente noticia, pero… es más de lo mismo, porque el 19 de enero anterior los mismos integrantes de la sección 65 bloquearon esa carretera federal con la misma demanda; es decir, “exigir al gobierno nacional el reconocimiento de la huelga en la mina Buenavista del Cobre, explotada por Grupo México en el municipio de Cananea; aunque el conflicto ha sido admitido por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría del Trabajo no ha enmendado el daño a los derechos de los mineros, a quienes se arrebató el contrato colectivo de trabajo; en Grupo México son unos violadores y nos han agredido sistemáticamente y hoy se les sigue dando la protección, acusaron los mineros”. ¿Resultado? El bloqueo carretero se levantó, tras de que el titular de Bucareli agendó una reunión con los huelguistas.

Entonces, en agosto de 2022 el secretario de Gobernación se “comprometió” a cumplir lo que se “comprometió” a cumplir en enero del mismo año, con ganas de que próximamente se “comprometa” a lo mismo e incumpla lo mismo. Y el periodo se puede ampliar: en julio de 2019 el presidente López Obrador instruyó a la secretaria del Trabajo, a que “a más tardar en 10 días” instalara una mesa de negociaciones entre el sindicato minero y Grupo México para “tratar los temas pendientes, buscar acuerdos y ver hacia adelante; es por el bien de los trabajadores y de la economía del país”.

Como era obvio, Luisa María Alcalde nada hizo, dio largas y más largas, y en consecuencia el mandatario pasó la estafeta a su paisano, pero los resultados y su proceder han sido idénticos. Entonces, ¿quién o quiénes constituyen un poder superior al del Estado mexicano que impiden la solución expedita y pacífica de, entre otras, las controversias obrero-patronales y evaden los justos reclamos de los huelguistas? Debe existir, porque 15 años (periodo que implica a tres gobiernos federales) no es un fin de semana.

En vía de mientras, con atentos saludos a Luisa María Alcalde, el pronunciamiento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es lapidario: “la Secretaría del Trabajo desatendió los derechos laborales en las minas y no fue efectiva para incidir en la mejora de las condiciones ni para fomentar la seguridad y la salud de los trabajadores del sector; existen centros de trabajo minero que no cuentan con condiciones dignas ni decentes, pero sí una deficiente vigilancia del cumplimiento de la normativa, y el fomento de la seguridad social y la salud es insuficiente, entre otras anomalías; en la revisión de la cuenta pública 2019, la ASF encontró que la STPS ni siquiera tenía el número preciso de mineros que debía proteger, mediante la vigilancia del cumplimiento de la normativa laboral”, de tal suerte que esa dependencia “no contribuyó a propiciar el trabajo digno o decente” ( La Jornada, Jared Laureles y Arturo Sánchez Jiménez).

Las rebanadas del pastel

¿Quién sigue? ¿Miguel Ángel Osorio Chong, Salvador Cienfuegos, Vidal Francisco Soberón, Tomás Zerón, Eugenio Imaz, Ángel Aguirre, Enrique Peña Nieto? (cada cual con sus respectivas pandillas).