En su más reciente revisión a las labores de regulación e inspección de las condiciones del empleo minero que realiza la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que la dependencia no fue efectiva para incidir en la mejora de las condiciones en las minas ni para fomentar la seguridad y la salud de los trabajadores del sector.

De acuerdo con el dictamen de la ASF, la propia STPS reconoce que existen centros de trabajo minero que no cuentan con condiciones dignas ni decentes, donde existe una deficiente vigilancia del cumplimiento de la normativa, y el fomento de la seguridad social y salud es insuficiente, entre otras anomalías.

Además, en la revisión de la cuenta pública 2019, la ASF encontró que la STPS no tenía ni siquiera el número preciso de mineros que debía proteger, y es que la dependencia operó el sistema del Directorio Nacional de Empresas, el cual cumplió la función de patrón, en el que se registraron 7 mil 416 centros activos, de los cuales 60.2 por ciento sí contaron con dicho registro y el resto no, por lo que “no se dispuso de un dato exacto de los trabajadores que se buscó proteger mediante la vigilancia del cumplimiento de la normativa laboral”, concluyó la ASF.

Ese año, la STPS dispuso de 551 millones de pesos para inspeccionar las condiciones mineras, que corresponden al proyecto “Ejecución de los programas y acciones de la política laboral”, pero no ejerció 81.9 millones, es decir, casi 15 por ciento.

En la operación de estos recursos, la instancia federal no tuvo una metodología de indicadores ni de información suficiente “que permitiera comprobar que las acciones de regulación e inspección de las condiciones laborales mineras contribuyeron a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente”, de acuerdo con la Auditoría Superior.

El presupuesto del que dispone la dependencia para este propósito se ha reducido: en 2018 era de 658 millones de pesos y en 2022 es de 551 millones de pesos.

En cuanto a las inspecciones en materia de condiciones generales de trabajo; seguridad e higiene, capacitación y adiestramiento, la STPS realizó 845 inspecciones a estos centros, cifra que representó 11.4 por ciento de estos espacios.

En cuanto a la elaboración y actualización del marco normativo regulatorio, la STPS contó con dos normas oficiales mexicanas específicas para el sector minero y 30 normas en materia de seguridad y salud; sin embargo, no acreditó si las normas vigentes en materia de seguridad y salud permitieron resolver las necesidades de estos trabajadores.

En opinión de la ASF, es necesario que la secretaría fortalezca su gestión en la vigilancia del cumplimiento de esta normativa, con el fin de disminuir los riesgos que vulneren los derechos de los empleados mineros.