El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que proporciona asistencia técnica internacional en la pesquisa por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, evalúa el informe que la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia entregó el jueves, así como las acciones que se han llevado a cabo, entre ellas la detención del ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam. En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y diversas organizaciones manifestaron ayer su solidaridad con los padres y madres de los jóvenes.

Ángela Buitrago, integrante del GIEI, informó que será cuando se termine la evaluación sobre lo que ha sucedido hasta el momento, incluidas las 83 órdenes de aprehensión libradas contra mandos militares y personal de tropa, autoridades administrativas y judiciales de Guerrero y miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, cuando emitan un pronunciamiento.

CNDH expresa apoyo

La CNDH refrendó su compromiso de acompañar a los padres de los 43 normalistas hasta asegurar el pleno acceso a la verdad y a la justicia que reclaman desde hace ocho años.

Confió en que en esta ocasión el trabajo de las autoridades de justicia sea pertinente para esclarecer los hechos, de manera que todos los responsables, ya sea por acción u omisión de sus funciones, sean juzgados y sancionados conforme a derecho.

Destacó que estará atenta al desarrollo de los procesos y llamó a los jueces “para que no permitan que la impunidad manche” sus acciones, “fundamentales para alcanzar la verdad y la justicia y para resarcir el daño causado a las familias de las víctimas de este condenable crimen de Estado”.

En redes sociales, organizaciones que respaldan la iniciativa para que la ex glorieta de La Palma sea llamada Glorieta de las y los Desaparecidos, entre ellas Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, expresaron a las familias de los normalistas su esperanza para que “la verdad y la justicia aflore hoy más que nunca ante tanta incertidumbre”, y con ello se termine la impunidad.

En un comunicado, Amnistía Internacional México consideró que las 83 órdenes de aprehensión “son avances sustanciales en la búsqueda de la verdad y la justicia en este atroz crimen”.