Tijuana, BC. “Hoy quise pasar una tarde en la playa con mi sobrina y terminé arrestada”, así empieza la historia narrada por Elena Suárez, de cómo las playas de Ensenada son controladas por los hoteleros, quienes incluso tienen el apoyo de la policía municipal para esposar y detener a quienes transitan por zonas federales que las empresas de hospedaje consideran de su propiedad.

“Me pareció buena idea ir a playitas, tratamos de entrar por el hotel Coral & Marina (…) Los guardias de seguridad del hotel dijeron que no podíamos pasar, tratamos de explicar que debe haber pasos de servidumbre; pero nos dijeron que no se podía y que iban a llamar a la patrulla”, dijo Elena, quien tiene siete años de vivir en Ensenada.

Los pasos de servidumbre los establece la Ley General de Bienes Nacionales, reformada en 2020, y ordena a las dependencias y entidades garantizar el paso hacia un bien nacional (la playa), si una propiedad privada se interpone entre ella y un punto de acceso (en este caso la carretera federal). Sin embargo, al no querer entrar en conflicto y pasar una buena tarde, decidió entrar por la calle Solavento y pasar a Playitas.

“A la salida quise ir por el Quintas Papagayo, íbamos atravesando, queríamos comer en el Raw Oyster Bar (que está a un lado del hotel por la carretera) y un empleado me preguntó si estaba hospedada en el lugar, le dije que no, y nos prohibió el paso”, señaló.

Al no tener un paso de servidumbre y no dejarlos cruzar por el hotel, el trabajador, se portó prepotente, llamó al dueño del lugar y éste le habló a la policía, acusó Elena.

Expuso que quiso explicar a los oficiales su situación, pero no la escucharon, por lo que empezó a transmitir en vivo en redes sociales.

Explicó que llegó una patrulla con unos ocho agentes, su sobrina se asustó y se la llevó un familiar, y a Elena la arrestaron “por ridícula” y se la llevaron a la estación de policía donde no la dejaron hacer ninguna llamada ni los uniformados ni el juez. Al no fincarle ningún delito salió libre.

Como ella, existen otros casos de ensenadenses a quienes también les han bloqueado el acceso o la salida a las playas, refirió. No sólo es la Ley de Bienes Nacionales la que establece el libre tránsito de las personas, también está el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador para que ninguna playa del país se considere privada.

La afectada presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.