Ante el reconocimiento del gobierno federal de que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue un crimen de Estado, Amnistía Internacional (AI) México llamó a que se asuman todas las implicaciones que ello tiene, como el de garantizar el acceso a la justicia a los familiares de los jóvenes.

Es necesario dar con el paradero de los estudiantes que faltan por localizar, reparar el daño integralmente y garantizar que este tipo de casos no se repitan, expresó Edith Olivares, directora ejecutiva de AI en el país.

En breve entrevista, al tiempo de manifestar su solidaridad con los familiares de las víctimas, señaló que acompañan su decisión “de no hacer ningún tipo de pronunciamiento sobre el contenido del informe –presentado el jueves pasado–, hasta que las familias no lo revisen de manera integral y con el acompañamiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)”.

No obstante, destacó que una de las conclusiones más importantes del documento que dio a conocer el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, “es que este gobierno está reconociendo que (el caso Ayotzinapa) fue un crimen de Estado”.

Por ello, insistió en que este reconocimiento público se tiene que dar también “en términos de prácticas y política, por un lado dirigidas directamente a las familias y al conjunto de la sociedad mexicana”.

Subrayó que la desaparición de los 43 jóvenes en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, es un caso emblemático, “que nos revela una problemática muchísimo mayor que hay en este país, con más de 100 mil personas desaparecidas, que en muchos casos están enfrentando esa misma angustia, muy similar, de acudir a instituciones del Estado que no les responden, que no contribuyen en la búsqueda e identificación de las personas”.