A lo largo de los ocho años que están por cumplirse desde la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, las investigaciones del caso han sido obstaculizadas por distintos jueces, que con sus acciones han liberado a presuntos responsables, han ordenado la destrucción de evidencia y hasta se han negado a conocer asuntos que se les presentan, denuncia la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia de este caso.

Indica que en este tiempo también ha habido falta de coordinación entre áreas de la Fiscalía General de la República (FGR) respecto a la investigación sobre el grupo criminal Guerreros Unidos –al cual se responsabiliza de la desaparición de los jóvenes– en demérito del trabajo de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para Ayotzinapa.

Sobre la actuación de los jueces, en su último informe en la materia, presentado el jueves pasado, cita el caso de Samuel Ventura Ramos, del juzgado primero de distrito de procesos penales federales en Tamaulipas, quien liberó a 77 presuntos responsables de la desaparición “por haber sido torturados por distintas autoridades, pero sin dar vista al Ministerio Público ni señalar e investigar a quienes realizaron la tortura”.

Asimismo, menciona que Ventura Ramos también ha restado valor a las pruebas obtenidas por cooperación internacional. Además, el 22 de febrero pasado determinó otorgar libertad a Xóchitl N, quien fungía como radioperadora en el C4 en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando sucedieron los hechos, “argumentando que no había prueba de cargo para vincularla”.

Asimismo, expone que el juez Enrique Beltrán Santes, del juzgado segundo de distrito de procesos penales federales en el estado de México, “ha mostrado desconocimiento sobre el desahogo de testigos de reserva de identidad, negándose a aceptar que, por seguridad, en las diligencias se distorsionen voz e imagen, señalando que no escucha con claridad”.

La magistrada Lambertina Galeana, del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, también es señalada por ordenar “la destrucción de los videos grabados por las seis cámaras exteriores del edificio del Palacio de Justicia (de Iguala), argumentando que las imágenes no eran claras porque hubo ‘problemas técnicos’”.

La comisión que preside el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, también destaca que la falta de unificación en los procesos penales, en sí misma, “es un obstáculo para el acceso a la justicia”. Indica que desde el inicio de las investigaciones, el Poder Judicial de la Federación (PJF) radicó los diligencias judiciales en siete entidades de la República, en dos sistemas procesales distintos, a lo que se suma una causa que se ventila a escala federal.

Lo anterior “fragmentó el proceso judicial, estableció criterios discrecionales y diferenciados de los jueces en la interpretación de los hechos y de la ley, y propició trabas burocráticas y administrativas”. A la fecha se contabilizan al menos 28 causas penales iniciadas ante el PJF.