Managua. El obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, crítico del gobierno de Daniel Ortega y uno de los líderes más influyentes de la Iglesia católica en Nicaragua, fue trasladado ayer a Managua por la policía y colocado bajo “resguardo domiciliar”, tras ser sacado durante la madrugada de la casa curial, donde se había refugiado desde hace dos semanas por el asedio gubernamental.

La fuerza pública informó que tomó la decisión de trasladar a Álvarez de la curia episcopal en Matagalpa debido a que persistía en sus actividades “desestabilizadoras y provocadoras” contra el gobierno de Nicaragua.

Los cinco sacerdotes, dos seminaristas y un laico que permanecían con Álvarez en la sede episcopal también fueron llevados a la capital. Todos están bajo investigación en la Dirección de Auxilio Judicial, un centro de detención conocido como El Chipote, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenid).

“El señor obispo se mantiene en resguardo domiciliar en esta ciudad capital. (...) Ha podido reunirse con sus familiares esta misma mañana”, así como con el cardenal y arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, informó la autoridad de seguridad pública en un comunicado. El cardenal Brenes, tras reunirse con Álvarez “en su residencia familiar”, donde esta detenido, observó que “su condición física está desmejorada” pero que su “ánimo y espíritu están fuertes”, según un comunicado de la Arquidiócesis de Managua.

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se mostró “muy preocupado por el grave cierre del espacio civil y democrático en Nicaragua, y por recientes acciones contra organizaciones de la sociedad, incluidas las de la Iglesia católica”, declaró su portavoz Farhan Haq. El obispo nicaragüense Silvio Báez condenó desde Miami en Twitter lo que llamó “el secuestro nocturno” de Álvarez.

La Conferencia Episcopal de Nicaragua invitó a orar por el prelado, en tanto el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño denunció el “secuestro” del religioso tras 15 días de asedio policial.

Las Conferencias Episcopales de Colombia, España, Estados Unidos, Costa Rica, Bolivia y Perú condenaron por separado la detención Álvarez y se solidarizaron con la Iglesia de Nicaragua.

Por su parte, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa Mendieta, consideró “aberrantes” los hechos que rodean la detención del obispo Álvarez y pidió su liberación.

El Vaticano no se ha pronunciado hasta el momento sobre estos hechos.