Consternados se retiraron de Palacio Nacional los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. No era para menos, el impacto de la información conocida fue duro y complejo. Por primera vez, este gobierno les planteó la posibilidad de que sus hijos no estén vivos. Elemento toral que ha sido la base para mantener una constante lucha de casi ocho largos años.

A lo lejos, sus semblantes transmitían dolor y desconcierto. Sin declaraciones, abordaron el autobús en el que varias horas antes habían llegado al recinto histórico donde despacha el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien junto con otros funcionarios escuchó el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso.

Contrario a otras ocasiones, donde convocan a conferencia posterior, ahora las familias y sus representantes simplemente guardaron silencio.

“El día de hoy, los familiares de Ayotzinapa recibieron información relevante para llegar a la verdad. Por su complejidad y dureza la están analizando”, citó en un breve comunicado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, una de las organizaciones que han acompañado a las madres y los padres en su larga y férrea batalla.

Una respuesta podría estar lista el 25 de agosto, un mes y un día antes de que se cumpla el octavo aniversario de aquellas desapariciones forzadas que conmocionaron no sólo en el país, sino a escala internacional, y para las que la exigencia aún es vigente: “Verdad y justicia”.

Las familias fueron convocadas al salón Tesorería –habitual espacio para las mañaneras presidenciales– a una reunión privada donde el protocolo acostumbrado en sus encuentros con el mandatario, intercambio y diálogo, en esta ocasión trasmutó a tres exposiciones: la de Encinas, la del fiscal general Alejandro Gertz y finalmente la de López Obrador.

Venían preparados como siempre. Algunos habían trabajando en sus intervenciones, pero eso no pasó. “No fue una reunión, básicamente fue la presentación de un informe del gobierno”, apuntó el abogado de las víctimas, Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Encinas sintetizó la reunión con dos palabras: “difícil y dolorosa”.

El buen ánimo que al principio del sexenio existía entre los familiares y el Presidente –generado por su compromiso de empeñar todos los esfuerzos para esclarecer el caso– se ha ido diluyendo. El paso del tiempo y la “lentitud en los trabajos” han vuelto compleja la relación, y al inicio del ejercicio de ayer la tensión se incrementó, pues los padres estimaban que el informe sería un intento de “cierre del caso”, confesaron asistentes al cónclave.

Pero la voz del titular del Ejecutivo distendió la incertidumbre: se trataba de los avances preliminares y de patentizar que las indagatorias continuarán.

Les manifestó una vez más su solidaridad y dio su palabra “genuina” que son bienvenidos en Palacio Nacional en el momento que lo soliciten. Horas antes, al arribar a Palacio Nacional poco antes de las 11 de la mañana, los familiares lucían tranquilos. Curtidos por la lucha que han extendido de las calles a los tribunales, pasando por la confrontación con decenas de funcionarios que fueron indolentes a su tragedia, se dieron tiempo para saludar a quienes desde las vallas que se colocan a las afueras del recinto los esperaban. Como siempre, sujetaban orgullosos los grandes cartelones con las fotografías y nombres de sus hijos, imágenes que son el símbolo de su lucha.

Contrastante fue la imagen a su salida. Con rostros tristes y brazos caídos, les resultaba más complicado sostener esos enormes cartelones. La mayoría cargaba además la edición impresa de varios tomos del reporte presentado por Encinas.

“El informe concluye que ha habido obstáculos militares y ministeriales. (Los padres) fijarán postura cuando concluyan su valoración y cuenten con la opinión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes”, valoró el Centro Prodh.