Santiago. Las organizaciones armadas mapuches que operan en las regiones del Biobío, de la Araucanía y de Los Ríos en el del sur de Chile –el Wallmapu o nación ancestral de esa etnia–, incrementaron en días recientes sus ataques en esa zona, desafiando al gobierno del presidente Gabriel Boric, que recurre al despliegue militar y al estado de excepción constitucional, vigente desde mayo, para contener la insurgencia.

Son unos 75 mil kilómetros cuadrados de extensión, desde la cordillera de los Andes hasta el litoral del océano Pacífico, donde al menos cuatro organizaciones armadas indigenistas, unas más radicales y/o violentas que otras, realizan acciones de “sabotaje”, de “resistencia” y de “recuperación”, principalmente contra dos conglomerados forestales que explotan hasta 5 millones de hectáreas de pino y eucalipto, pero también contra haciendas agrícolas, escuelas, iglesias, cabañas de veraneo y todo aquello que consideran símbolo de despojo territorial y colonización cultural.

En buena parte de ese territorio, tras miles de actos agresivos en los recientes años y decenas de muertos mapuches, blancos y policías, el Estado parecen ausente, la ley y el orden escasean y son las organizaciones rebeldes las que tienen la iniciativa.

Un recuento breve da cuenta de que el martes pasado, la agrupación Welchan Auka Mapu (Lucha del Territorio Rebelde, en lengua mapudungún) se adjudicó quemar 19 máquinas forestales en Los Ríos; el lunes 15, encapuchados prendieron fuego a 10 vehículos en un parque eólico en construcción en La Araucanía; que la semana pasada, de manera inaudita, hubo un ataque a un predio boscoso en la Región de O’Higgins, aledaña a la capital chilena; mientras el miércoles 10, la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) destruyó al menos 10 equipos de la Forestal Mininco, en La Araucanía.

Eso no es todo, pues esta semana trascendieron afirmaciones que hizo en junio Héctor Llaitul Carrillanca, líder de la CAM, en las que admite que esa organización se apropia de madera para financiar su causa y adquirir armamento.

“Nosotros efectivamente recuperamos madera, pero ese material no es parte de las mafias del robo, ese es otro tema. La madera que nosotros recuperamos es para tener recursos para generar los insumos para reconstruir el mundo mapuche. Y para tener los fierros, los tiros y los implementos necesarios para defender a las comunidades y los procesos que se llevan adelante”, dijo.

A tales afirmaciones de Llaitul, quien está bajo proceso por el Estado debido a presuntos delitos de terrorismo y contra la seguridad pública, se sumaron otras recientes donde llamó “a preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada, por la autonomía, por el territorio y autonomía para la nación mapuche”.

Todo lo anterior ocurrió la víspera de que el gobierno pidiera una sexta ampliación por 15 días del estado de emergencia, concedida anteayer. Según el balance oficial, desde que la medida se aplica, los hechos violentos allí declinaron 35 por ciento.

En la acalorada discusión del tema, un senador opositor se despachó con la siguiente afirmación: “Muchos de nosotros nos vamos a empezar a agotar con estas autorizaciones. Si no somos capaces de tomar decisiones, entonces mejor dejemos que el país reviente lo más rápido posible para hacer un cambio de gobierno”, declaró Juan Castro, de la coalición derechista Chile Vamos.

La oleada de hechos violentos sucede a dos semanas del plebiscito ratificatorio de la nueva Constitución y, al menos en las regiones donde transcurre el conflicto, cuya población no indígena es mayoritaria, el impacto de aquello es devastador para el “apruebo”: las encuestas muestran que el “rechazo” duplica a la otra opción. La población mapuche en la Araucanía es 23 por ciento de los votantes (200 mil personas). Pese a que el presidente Boric ha insistido en un diálogo de paz con los mapuche y a que reconoce que existe una “deuda histórica” con los pueblos primeros que debe ser reparada, las organizaciones indigenistas se niegan hasta el momento a cualquier negociación.