Jueces a modo, que rápidamente le otorgan todos los amparos que quiera, y la complicidad (por acción u omisión) de la Comisión Reguladora de Energía han evitado que, hasta ahora, una trasnacional española por demás sucia, que presume la generación de energía limpia, pague una multa por más de 9 mil millones de pesos, impuesta por… la propia CRE.

En mayo pasado, “la Comisión Reguladora de Energía aprobó una sanción económica por poco más de 9 mil 145 millones de pesos a Iberdrola Energía Monterrey (IEM), filial de la trasnacional que incurrió en la venta de electricidad bajo el esquema de autoabastecimiento, según una resolución emitida por el regulador” ( La Jornada, Alejandro Alegría).

En aquel momento el supuesto “órgano regulador” subrayó que la trasnacional española, por medio de su filial IEM, “incurrió en la venta de energía eléctrica a terceros, acción que no está permitida por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Iberdrola ha incurrido en la venta de energía generada en la planta de Pesquería, Nuevo León, a más de 400 empresas privadas, entre las que se encuentra Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma y Cemex. Ello fue demostrado con comprobantes fiscales digitales por Internet emitidos por IEM entre el 1º de enero de 2019 y el 31 de agosto de 2020”. Así, el proceder de dicho corporativo “fue de carácter grave, ya que a sabiendas de que tiene la obligación de no vender, revender o enajenar por ningún título, directa o indirectamente, capacidad o energía eléctrica, salvo los casos autorizados por la ley, inobservó la norma llevando a cabo la conducta prohibida por la misma”.

Es conocido y padecido que no pocos jueces toman decisiones contrarias al interés nacional, pero no es novedad porque para eso se alquilan. A mediados de julio pasado uno de ellos, el tercero de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, otorgó una suspensión definitiva a Iberdrola Energía Monterrey para que no pague la citada multa, amén de que concedió dos amparos adicionales para otro par de empresas propiedad de la misma trasnacional (ubicadas en Querétaro y El Bajío) que también venden electricidad a terceros de forma fraudulenta.

Lo anterior llevó al presidente López Obrador a cuestionar la actitud del citado juez y a iniciar una indagatoria “para verificar si se incurrió en irregularidades para concluir en ese fallo, y en caso de comprobarse se denunciará a los involucrados; vamos a ir a fondo”. Por esas fechas, también, otro juez amparó a la trasnacional Monsanto para que ésta pueda seguir con sus siembras de transgénicos y el uso de glifosato en campos mexicanos.

Vergonzoso el comportamiento de los jueces, pero, en el colmo de los colmos, la propia Comisión Reguladora de Energía (la que impuso la multa por más de 9 mil millones de pesos) presentó de forma extemporánea (tardíamente, pues) una queja por los amparos otorgados a Iberdrola, con lo cual otro juez dejó sin materia ese reclamo. Tal “retraso” hace recordar el viejo truco legaloide utilizado por la PGR durante el régimen neoliberal para proteger a los amigos del inquilino en turno de Los Pinos que por angas o por mangas caían en las garras de la “justicia” (la autoridad presentaba tardíamente el expediente o lo hacía con todo tipo de inconsistencias, con lo que el juez lo rechazaba y el acusado tranquilamente se iba a su casa).

Pues bien, La Jornada lo reseñó así: “un retraso de la CRE para entregar una queja contra el amparo que obtuvo Iberdrola para suspender el pago de una histórica multa por 9 mil 145 millones de pesos dejó sin efecto, por ahora, el cobro de la sanción impuesta a la trasnacional española por la venta ilegal de energía eléctrica a otras compañías desde una planta en Nuevo León. El primer tribunal colegiado de circuito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones desechó esa queja”.

Por lo anterior, Iberdrola tendrá que premiar, si no lo ha hecho, a los jueces, al comisionado presidente de la CRE, Leopoldo Vicente Melchi García, y a su equipo jurídico, encabezado por José Luis Espinosa Solís, mientras se busca el obligado remplazo en ese supuesto “órgano autónomo”.

Las rebanadas del pastel

Los chanchullos en Segalmex, Diconsa y Liconsa son delitos de lesa patria. Hasta ahora, el “daño” ascendería a 9 mil 500 millones de pesos (secretario de la Función Pública dixit) en instituciones del Estado dedicadas, según dicen, a “proteger a los menos favorecidos”.