Como en la novela de Tolstoi, la historia que enlaza a Colombia con Cuba tiene mucho más que ver con la paz que con la guerra. El gobierno de Juan Manuel Santos firmó el 24 de noviembre de 2016, en La Habana, el acuerdo con la guerrilla de las FARC que puso fin a un conflicto armado de más de medio siglo y que aseguró avances enormes para un país harto de la violencia, con casi medio millón de muertos, 7 millones de desplazados y decenas de miles de desaparecidos, la mayoría entre la población civil.

El presidente Iván Duque estranguló el proceso. Con Álvaro Uribe de ariete y el ala cubano-estadunidense atizando el alka seltzer de Donald Trump para castigar a Cuba, los puntos que establecía el acuerdo de paz quedaron en el limbo y se cortaron bruscamente las negociaciones con el ELN que en 2018 también se habían trasladado a La Habana, donde aún se encuentran sus principales dirigentes en espera de que sean retomadas.

La historia que siguió es conocida. A Colombia retornaron sus más oscuras pesadillas, con un líder social asesinado cada dos días, escándalos por los “falsos positivos” del Ejército (civiles ejecutados por los militares y presentados falsamente como guerrilleros) y diversos grupos disputándose enormes territorios ante la ausencia del Estado. Trump volvió a incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, que ha ratificado Biden, con el pretexto de que la isla se ha negado a extraditar a los dirigentes del ELN que asistían a los diálogos. Lo que omitieron Duque, Uribe, Trump y la corte de vividores del negocio anticubano en Estados Unidos es que el protocolo de estas negociaciones que firmó el gobierno colombiano, con Noruega como garante, establece la protección de todos los participantes.

El saldo de estos tejemanejes ha sido mayores sufrimientos para colombianos y cubanos. Los primeros, con la guerra que no cesa, y los segundos, porque, con la lista, las sanciones de Estados Unidos transitaron al modo horribilis. Estar en la lista unilateral de Washington de países patrocinadores del terrorismo eleva el “riesgo país” e implica restricción de exportaciones, prohibición de asistencia económica o préstamos de instituciones financieras globales, por lo que cualquier banco en el mundo lo piensa dos veces antes de hacer una transacción con la isla por el temor de recibir multas, sanciones del gobierno de EU o desconexiones del código SWIFT (Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias). El escrutinio a que es sometido el país desestimula también a los gobiernos y las empresas interesadas en negociar con la nación marcada con esta cruz de ceniza, y todo eso en medio de una pandemia, una guerra en Europa y una crisis económica agudizada en Cuba por 243 medidas brutales del anterior gobierno republicano que el demócrata actual apenas ha tocado. Y como si no fuera suficiente, Washington entrega cada año millones de dólares a organizaciones de todo tipo para el “cambio de régimen”, en virtud de la Sección 109 de la ley Helms-Burton, que “autoriza al presidente a prestar asistencia y otros tipos de apoyo a personas y organizaciones no gubernamentales independientes en favor de los esfuerzos de democratización de Cuba”.

La trama es perversa por donde se mire. El cubano de a pie ha visto cómo su vida cotidiana se ha ido complicando en los últimos dos años y hoy es un juego angustioso alimentarse, trasladarse de un lugar a otro y bregar con los apagones, el desabasto y el aumento de los precios. Hay responsabilidades administrativas y planes gubernamentales en Cuba que han salido mal, por supuesto, pero nadie con un mínimo de decencia puede ignorar el impacto que han tenido las políticas estadunidenses en el retroceso de los estándares de vida de los cubanos.

Pero en esta novela de “la guerra, la paz y la lista” hay un nuevo capítulo, que podría titularse “Petro”. El presidente colombiano mencionó 19 veces la palabra paz en su investidura, y del dicho al hecho. En su primera salida al exterior como canciller, Álvaro Leyva ha acompañado al grupo negociador del gobierno colombiano que comenzó de inmediato el diálogo con los líderes de la guerrilla en La Habana, y dijo ante la prensa: “Colombia rechaza la calificación de patrocinadora de terrorismo con la que se ha pretendido desconocer el compromiso de Cuba con la paz”. Es decir, regresamos al verdadero dilema: de un lado la paz y del otro, la guerra y la lista.

Mientras redacto estas líneas, la revista Raya publica documentos de organismos de inteligencia militar colombianos que evidencian cómo espiaron a diplomáticos y funcionarios cubanos, líderes políticos de izquierda, periodistas y luchadores sociales (https://bit.ly/3QMFDEn). El periodista Edison Bolaños, de The New York Times y The Guardian, autor de la investigación, demuestra que adulteraron información en la computadora de un jefe guerrillero para inculpar a Cuba de una protesta violenta en Colombia. Estas “pruebas” las publicó en “exclusiva” la revista Semana el 16 de enero de 2021 y fue el pretexto esgrimido por Trump para regresar a Cuba a la lista negra de país patrocinador del terrorismo y para seguir haciéndole la guerra a la isla por otras vías, con la verdad, la vida cotidiana de los cubanos y la paz de los colombianos como víctimas colaterales. Ni Atila pudo tanto.