Washington. Dos jueces en Pensilvania que organizaron un esquema para enviar a menores a prisiones privadas a cambio de sobornos tendrán que pagar más de 200 millones de dólares a cientos de víctimas.

El juez federal Christopher Conner ordenó una indemnización de 106 millones de dólares en pagos compensatorios, y 100 millones en pagos punitivos, para casi 300 personas en una demanda civil contra los jueces, al escribir que los demandantes fueron “las víctimas trágicas de un escándalo de proporciones épicas”.

En el caso conocido como Niños por Dinero, Mark Ciavarella y Michael Conahan cerraron un centro municipal de detención juvenil y aceptaron 2.8 millones de dólares en pagos legales del constructor y codueño de dos prisiones privadas. Ciavarella, quien presidía la corte juvenil, promovió una política de cero tolerancia que garantizó que gran cantidad de menores fueran enviados a PA Child Care y Western PA Child Care.

Ciavarella ordenó cárcel incluso para niños de apenas 8 años, muchos de ellos por delitos menores como hurto. A menudo ordenaba que los chicos fueran encadenados, esposados y llevados inmediatamente a prisión sin oportunidad de despedirse de sus familias.

“Ciavarella y Conahan olvidaron su juramento y violaron la confianza pública”, escribió Conner antier en su explicación del fallo. “Sus acciones crueles y despreciables victimizaron a una población vulnerable de menores, muchos de los cuales estaban sufriendo problemas emocionales y de salud mental”.

La Suprema Corte de Pensilvania anuló los fallos de culpabilidad contra unos 4 mil menores tras conocerse el esquema de corrupción.

Ciavarella cumple una sentencia a 28 años en prisión. Conahan, que fue sentenciado a más de siete años, fue enviado a arresto domiciliario en 2020 – con seis años restantes a su sentencia– debido a la pandemia del covid-19.

No estaba claro si los demandantes, que ahora son adultos, recibirán algo de los pagos. El condado Luzerne, que estuvo entre los demandados, fue sacado de la causa hace años.

Masha Levick, cofundadora y asesora legal del Centro de Derecho Juvenil, con base en Filadelfia, y uno de los abogados de los demandantes, dijo que ella no puede imaginar “que les vayan a dar algún dinero”.