En noviembre se realizarán las audiencias donde se definirá si se suspenden los procesos penales o se declara la apertura del juicio contra Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

La jueza Verónica Gutiérrez Fuentes programó para 4 y 7 de noviembre a las 10 horas ambas diligencias, ya que, argumentó, dichos procesos no pueden continuar en la indefinición.

El abril pasado, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga Mendoza, aplazó hasta nueva fecha la audiencia del ex funcionario, donde la Fiscalía General de la República (FGR) busca acusarlo por asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero.

En ese entonces, la defensa del ex director general de Pemex, a cargo del abogado Miguel Ontiveros, solicitó reprogramar la diligencia hasta nuevo aviso, para cerrar los acuerdos con las víctimas y reparar el daño.

Lozoya Austin ha ofrecido pagar 10.7 millones de dólares para obtener un acuerdo resarcitorio y un criterio de oportunidad, con el fin de que se suspendan los procesos penales en ambos casos.

Si se formaliza, cumpliría en pagos anuales para cubrir las exigencias de Pemex y la FGR. Además, intentará ser testigo protegido y concretar el criterio de oportunidad, por lo cual tendrá que aportar elementos suficientes para procesar a sus presuntos cómplices, lo cual hasta el momento no ha ocurrido.

Sus abogados pretenden que la negociación permita que su cliente recupere la libertad y se retiren las acusaciones contra su madre, Gilda Austin; su hermana Gilda Susana, y su esposa, Marielle Helene Eckes. Para ello, está dispuesto a entregar en garantía diversos inmuebles a fin de cubrir la reparación del daño causado al erario federal.

La sentencia solicitada contra el ex director de Pemex resultaría de aplicar las penas mayores para cada ilícito del que se le acusa, es decir, 10 años por asociación delictuosa, 15 por operaciones con recursos de procedencia ilícita y 14 por cohecho.

De no llegar a un convenio, se procederá a llevarlo a juicio. A principios de año, la fiscalía solicitó una condena de 39 años para Lozoya y una de 25 años para su madre, acusada de colaborar en sus operaciones de corrupción.