Representantes de organizaciones sociales, encabezados por Bryan LeBarón, demandaron al gobierno federal “que pare la guerra interna en el país” tras los sucesos violentos de la semana pasada en seis entidades del país. En conferencia anunciaron que han enviado una carta a la Organización de Naciones Unidas (ONU) para solicitarle reconozca que México se encuentra en un conflicto interno violento con prácticas incluso “terroristas” y se adopten medidas para salvaguardar la seguridad de la población.
A las afueras del Museo Memoria y Tolerancia, LeBarón y los colectivos Marea Verde, Las Brujas del Mar, Madres Buscadoras de varias partes de México, como Ceci Flores, y Kenya Cuevas, activista LGBT de Muñecas Tiresias, coincidieron en que desde hace más de 14 años en la República Mexicana ocurren asesinatos, desapariciones forzadas, feminicidios que no paran “y no hay respuesta clara de ningún gobierno. No hay acciones, no hay organización y esto se pone cada vez peor”.
Por ello, ayer entregaron formalmente la petición, para que la ONU declare que el Estado mexicano atraviesa por un conflicto armado interno y se “materialicen los fines de la propia organización” para acompañar, vigilar y cooperar, a fin de que los grupos armados “ilícitos” sean juzgados de acuerdo con las leyes mexicanas.
“Durante la última semana, en los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Chihuahua y Baja California –señala la misiva entregada a la ONU–, los grupos armados pertenecientes a diversos colectivos criminales desplegaron actos considerados como terrorismo por la Ley Penal Federal de México, en contra de civiles, ocasionando decenas de pérdidas de vidas humanas por uso de armas de fuego, bloqueos de las vías de comunicación, incendios de comercios y explosión de vehículos, con el fin de obligar a las autoridades a no aplicar las leyes en perjuicio de sus intereses ilícitos”.
Por su parte, y sin mencionar a qué tribunales recurrirá, el presidente del PAN, Marko Cortés, adelantó que presentará denuncias en “instancias internacionales” por la determinación del gobierno mexicano de mantener a las fuerzas armadas a cargo de la seguridad pública. El michoacano también exigió a la Suprema Corte que, “con altura de miras y autonomía, haga valer el equilibrio de poderes y el estado de derecho declarando inconstitucional” la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador.
