Los impartidores de justicia electoral del país se encuentran reunidos en Mérida, Yucatán, en el Congreso de Magistrados y Magistradas, donde el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, aseveró que los juzgadores electorales son el bastión de la justicia y tienen un papel de guardianes de la democracia. El deber de los tribunales electorales, resaltó, es hacer efectivo el estado de derecho y comprometerse con una justicia abierta, cercana a la ciudadanía y con un uso racional de los recursos públicos.

En la ceremonia inaugural de ese congreso, organizado por el TEPJF y la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana AC, Rodríguez Mondragón recalcó: “Cuando se desacatan las sentencias de los tribunales y no se reconocen los mandatos constitucionales, el riesgo es abonar al desencanto generalizado que existe sobre la democracia”, no solamente en México, sino en toda América Latina.

Refirió que el costo de la justicia electoral, si bien se puede medir en pesos, también se tiene otro lado que es la de generar una serie de beneficios, “toda vez que se puede calcular el costo de que los conflictos electorales se resuelvan por la vía no pacífica y ello sería más alto que la inversión en tribunales locales y el federal”.

Por su parte, Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior, resaltó que nadie debe poner en duda que en la actualidad la justicia electoral de México, tanto en su vertiente local como federal, funciona y goza de cabal salud, por lo que resulta equivocado pretender desaparecer la justicia electoral local.

De la Mata subrayó que es fundamental señalar que la justicia electoral del país canta, en distintos escenarios, “a una sola voz”, por lo que intentar eliminar lo que sí funciona es transitar por un camino equivocado, “pues desaparecer la justicia local sería perder la visión estatal de los problemas, para tener una visión centralista”.

La magistrada de la Sala Superior Janine Otálora Malassis, en su intervención, destacó que las autoridades en materia electoral tienen la responsabilidad de garantizar el adecuado ejercicio de los derechos políticos y civiles para la salud democrática del país; por ello, aseguró que el fortalecimiento de la justicia electoral pasa por entender y asimilar la complejidad de los procesos electorales y encontrar los mecanismos que pongan a la ciudadanía, sus exigencias y necesidades, en el centro del actuar cotidiano de magistradas y magistrados.

A su vez, César Lorenzo Wong Meraz, presidente de la Asociación, indicó que una democracia no es para un beneficio personal, sino debe funcionar para brindar paz social.