Xalapa, Ver. Desde hace 29 años, Federico Abundio Cuahua, un indígena nahua de ojos redondos, cejas gruesas y nariz chata, se abre paso por la sierra de Zongolica –uno de los sitios con mayor pobreza y marginación de Veracruz–, para dar clases como profesor de primaria indígena.

Cada día, Abundio Cuahua recorre 30 kilómetros desde su casa en Los Reyes hasta su escuela en Zacamilola, Atlahuilco. Y no es un camino fácil: la carretera es angosta, con curvas, y la mayor parte del tiempo está cubierta por una neblina que reduce la visibilidad.

En septiembre de 2019, cuando regresaba del trabajo, Abundio Cuahua tuvo un accidente carretero. Salvó su vida, pero su vehículo quedó inservible.

“En aquella ocasión, se me acercó un promotor de Financiera Maestra, y me dijo que podía darme el dinero que necesitaba para pagar los gastos del accidente. Me ofrecieron –verbalmente– un préstamo por 200 mil pesos, con descuentos de 3 mil 100 pesos mensuales”.

Desde su casa de mampostería en Los Reyes, Abundio Cuahua, recuerda que estaba indeciso, pero finalmente formalizó la solicitud del crédito por 120 mil pesos. Su plan era usar el dinero para comprarse un carro de uso, que le permitiera llegar al trabajo.

Pronto, el profesor que lleva la manutención de su esposa y dos hijos comenzaría a experimentar los abusos de la casa financiera con la que contrajo el crédito. El primero de ellos, que los descuentos de 3 mil pesos no serían mensuales, como le dijo inicialmente el promotor del crédito, sino quincenales.

“Cuando estoy firmando el documento veo que dice: '3 mil pesos quincenales', y yo le dije a la persona que me ofreció el crédito: 'no pos ya me fregaste'."

Este abril de 2022, Abundió cumplió cuatro años atado a descuentos directos a su nómina de 6 mil pesos mensuales, que sólo le dejan 2 mil pesos en su cuenta bancaria para vivir.

—¿Cómo sobrevive con 2 mil pesos mensuales?, se le pregunta.

—Tengo que criar puercos, y llegando de trabajar en la escuela, me voy al campo a cortar la hierba o sembrar algo que pueda vender, para tratar de traer dinero a casa.

Federico Abundio Cuahua, profesor de primaria indigena cría puercos para sostener a su familia, ante los abultados descuentos que le hace una financiera, por un crédito solicitado en 2019. Foto Sergio Hernández Vega

Este tipo de créditos de nómina con cobranza delegada, donde el patrón descuenta –de manera automática– el salario del trabajador para pagar a la entidad financiera que otorgó el crédito, tienen muchas críticas en el país. Se les cuestiona por imponer tasas de interés abusivas, generar sobreendeudamiento, al no revisar la capacidad de pago de los solicitantes, y como le sucedió a Abundio, muchos no transparentan las condiciones en que otorgan los créditos.

Por otro lado, si bien las entidades financieras que otorgan estos créditos operan en un vacío legal que no ha sido regulado, abogados y defensores de usuarios crediticios consultados para este reportaje aducen que violan la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, que establecen que el salario no puede cederse a terceros.

A pesar de las dudas y las quejas, las entidades públicas los promueven porque, como demuestra esta investigación, mientras trabajadores como Federico Abundio hacen malabares para sobrevivir con lo poco que queda en sus cuentas bancarias; el Gobierno de Veracruz lucra con los descuentos de nómina.

En 2020, el gobierno firmó convenios con al menos doce casas o entidades financieras que ofrecen créditos a través de descuentos de nóminas. De todas las dependencias públicas, es la Secretaría de Finanzas la que concentró el mayor número. Aunque Salud y el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) también tienen acuerdos con financieras.

A partir de estos convenios, el Gobierno de Veracruz recibe pagos de entre el 3 al 5 por ciento por el total de las cobranzas que realizan a los trabajadores. Tan solo en 2020, el Estado se embolsó 4 millones 615 mil 573 pesos (213 mil 910.72 dólares) por este concepto, de acuerdo con respuestas a solicitudes de información elaboradas para esta investigación.

En 2020, eran más de 17 mil 159 trabajadores del gobierno de Veracruz los que sufrían estos descuentos de nómina.

Expertos consultados para esta investigación cuestionan la falta de control del Gobierno a los intereses abusivos que se cobran las financieras, y la ausencia de transparencia con que el Estado ejerce los recursos que ganan por realizar la cobranza de los créditos.

Dos años después de amarrarse al crédito, Abundio Cuahua buscó un acuerdo con Financiera Maestra. Pero la reunión ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) fue un rotundo fracaso.

“Yo estaba dispuesto a pagar hasta 70 mil pesos en efectivo para liquidar la deuda, pero ellos no quisieron, el representante de la empresa dijo que yo había firmado un contrato por cinco años, y que sería hasta que se cumpliera el plazo que me dejarían de molestar”.

Para la fecha de aquella reunión en la Condusef, ya habían transcurrido 96 quincenas de descuentos. Abundio Cuahua había pagado a la financiera 270 mil pesos, más del doble de lo que había pedido prestado –120 mil pesos–. Y en ese momento, el profesor indígena se enteró que los intereses que le cobra Financiera Maestra sobrepasan el 6 por ciento anual permitido por la ley.

"En la audiencia le dije al apoderado: 'ya hice mis cuentas y llevo pagado más de 270 mil pesos, casi 300 mil'. ¿Cuánto pedí? 120 mil pesos, pero la financiera insistió en que debo pagar 350 mil por los cinco años ¿Y de dónde? Ahora quieren que yo los mantenga”, relató el profesor.

Transcurridas 96 quincenas de descuentos, Abundio Cuahua había pagado a la financiera 270 mil pesos, más del doble de lo que había pedido prestado –120 mil pesos–. Foto Sergio Hernández Vega.

En una situación similar se encuentra Blanca Estela Juárez Matus. Esta profesora de 62 años, jubilada y diabética, cobra apenas el 20 por ciento de sus ingresos. El resto se lo quita una entidad financiera antes de que ella pueda siquiera verlo depositado en su cuenta personal.

Desde la sala de su casa en Papantla, con el pie izquierdo extendido y recién vendado tras la aplicación de antibióticos para controlar la infección de su pie diabético, recuerda con claridad que la primera vez que solicitó un crédito de nómina su nieto estaba por cumplir dos años.

“En aquel momento mi hija estaba por graduarse de licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Del Valle del Puebla. Había que pagar su título, los trámites administrativos, la fiesta, y aunque había ahorrado para ese momento, no fue suficiente, así que solicité un crédito de 33 mil pesos”.

Ahora su nieto está por cumplir siete años y, por insólito que parezca, Blanca Juárez continúa pagando ese crédito solicitado a través de Procasa, una de las primeras financieras que firmó convenios de colaboración con el Gobierno de Veracruz desde 2005.

“Yo siento que ya es mucho tiempo, pero sigo pagando y no veo que mis descuentos disminuyan”, señala Blanca Juarez, a quien la enfermedad del pie diabético, le impide acudir ante una instancia como la Condusef para aclarar su situación crediticia.

Blanca Estela Juárez Matus, profesora de 62 años, jubilada y diabética, cobra apenas el 20 por ciento de sus ingresos, mientras el resto se lo quedan financieras en donde solicitó créditos. Foto Sergio Hernández Vega.

Apretada por los descuentos de su primer crédito, la profesora se vio orillada a solicitar un segundo crédito por 20 mil pesos, ahora con FigloSNTE, un programa de préstamos promovido por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado.

“Este crédito lo pedí hace tres años, me hacen descuentos mensuales de mil 476 pesos, y todavía lo sigo pagando”.

A Blanca Estela una crisis por complicaciones de diabetes la llevó a solicitar un tercer crédito, ahora con Intermercado, una casa financiera con quejas ante la Condusef de incurrir en usura y malas prácticas.

Desde hace dos años a la fecha, de los 9 mil 800 pesos que debería recibir de pensión al mes, Blanca Juárez sólo recibe 2 mil 500 pesos mensuales, una cifra ínfima para cubrir sus necesidades personales y atenderse la diabetes.

—¿Para qué sirven 2 mil 500 pesos a una pensionada como usted, que requiere cuidado y atención médica por la diabetes?

—Es difícil, yo requiero tres inyecciones de antibióticos al día, y cada una cuesta mil 500 pesos.

En la etapa más crítica de su enfermedad, Blanca Juárez recibió cooperación económica de sus colegas profesores para costear su tratamiento médico.

La financiera Procasa contactó a Blanca Estela en su centro de trabajo, el crédito FigloSNTE se lo promocionaron en una reunión sindical y el Intermercado los contactó por medio de facebook.

Los convenios firmados entre gobierno del estado y las financieras contempla que las instituciones públicas les proporcionen un espacio dentro de las instalaciones de las dependencias para promocionar sus servicios entre los trabajadores.

En el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), por ejemplo, ningún pensionado puede entrar a las oficinas públicas sin ser abordado por promotores de créditos de nómina. Uno, dos, tres y hasta cuatro promotores de ventas se resguardan en el parador del autobús del IPE en espera de abordar a sus potenciales clientes.

¿Tiene algún documento, copia de contratos de los créditos que solicitó? se le pregunta a Blanca Juárez.

–No.

–¿Tiene algún estado de cuenta donde vea cuánto le falta por pagar?

–Tampoco. No, no tengo.

–¿Usted no sabe cuánto le falta por pagar?

–No, no eso sí que no.

Ocho de las 12 entidades financieras que firmaron contratos con el Gobierno de Veracruz en 2020 tienen antecedentes de malas prácticas. En un estudio que la Condusef hizo a 40 entidades financieras en 2016, éstas obtuvieron calificación promedio de 0.9 sobre un máximo de 10 puntos, al ser consideradas poco transparentes y eje de denuncias de los consumidores.

Además, en un informe de 2020 realizado por el Buró de Entidades Financieras de la Condusef, en donde se incluyen siete de las 12 financieras con la Secretaría de Finanzas de Veracruz firmó convenios, se detectó que al menos 3 de ellas acumulan altos índices de quejas.

Para esta investigación se hizo la revisión de testimonios y expedientes de trabajadores del Estado con créditos de nómina con casas financieras como Intermercado, Procasa y Financiera Maestra, en donde se detectaron malas prácticas: los usuarios no tienen copia del contrato, no reciben estados de cuenta, sufren tasas anuales usureras y cobranzas abusiva.

Para María Teresa Carbajal Vázquez, representante legal de El Barzón Resistencia Civil de Veracruz y defensora de los derechos de los usuarios crediticios, el gobierno incurre en una irresponsabilidad al firmar convenios de cobranza con entidades o casas financieras, sin reparar en sus malas prácticas.

“Es muy irresponsable promover estos créditos cuando ni siquiera saben los antecedentes de estas financieras. Las autoridades están patrocinando a un agiotista”, dijo Carbajal Vázquez.

A pesar de las irregularidades que cometen las financieras con quien el gobierno establece vínculos, el propio buró de la Condusef refleja que son pocas las quejas que llegan, y de las que se presentan, ninguna culminó en alguna sanción para las entidades financieras, en el último año.

Para tratar de regular el mercado, la Cámara de Diputados aprobó en marzo 2022 una reforma con el objeto de crear la figura de “Crédito de Nómina con Cobranza Delegada”. En ella se establece que, un empleador pueda realizar los descuentos de un crédito contratado por el empleado. Y contempla como fuentes de pago el salario, percepciones extraordinarias y pagos de honorarios.

La autora de la iniciativa, la diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva (Morena) dijo que la reforma elimina la celebración de convenios de cumplimiento de pago entre acreditantes y sindicatos, cámaras de comercio u otras instancias, se descarta la pensión o renta vitalicia como fuente de pago, así como los créditos que se otorgan con cargo a las pensiones.

“La reforma brindará mayor transparencia, protección y seguridad jurídica al trabajador, fomentará la competencia, e impulsará la inclusión de la población de menores recursos al sistema financiero”, dijo. Sin embargo, el diputado José Yunes Zorrilla consideró que la iniciativa atenta contra la base trabajadora, al transgredir más de cuatro artículos de la Constitución Mexicana y la Ley Federal del Trabajo.

El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, hizo un pronunciamiento en contra de la iniciativa por considerar que “nadie puede apropiarse de la nómina del trabajador (…) Ningún banco debe hacerlo, ninguna institución financiera y el gobierno no debe prestarse a eso.”

En la actualidad, la iniciativa se encuentra detenida en el Senado de la República, donde el coordinador de la junta de coordinación política, Ricardo Monreal Ávila afirmó que la propuesta: “se analizará detenidamente y, como siempre, anteponiendo el interés de las y los trabajadores”.

Crédito Maestro es una de las entidades financieras señaladas por cometer abusos contra los usuarios crediticios. Foto Sergio Hernández Vega.

Mientras los diputados sostienen estas discusiones, Blanca Estela y Federico Abundio continúan en las garras de las financieras con prácticas abusivas. Cuando a Federico Abundio se le pregunta por qué no denuncia a la financiera, responde tajante: porque se necesita dinero.

"Me dijeron de demandar, pero ¿para qué? voy a terminar gastando más. El dinero que tengo a duras penas es para pagarnos la vida y tengo hijos, que aunque ya están grandes, no tienen algún empleo, los tengo que mantener yo, entonces mejor lo dejamos así", relata.

Samara Hassel Jiménez Ortiz, abogada y autora del libro La teoría de la imprevisión y el acceso al crédito en México, explica que los abusos de casas financieras no se reportan ante las autoridades y quedan en la impunidad.

“Cuando un deudor quiere reportar a una entidad financiera, se enfrenta a que el proceso tarda más de 2 años, hay que deslindar responsabilidades, acreditar las faltas, y las sanciones son meramente administrativas o una multa, pero no hay una consecuencia en el ámbito penal, eso desanima a las personas”.

Aunque muchas quejas no se reportan, el Buró de Entidades Financieras de la Condusef, que registra las sanciones por malas prácticas, da algunas pistas sobre su comportamiento. En 2020, dos financieras con convenios con Gobierno de Veracruz se hicieron acreedoras a multas: Publiseg pagó 40 mil 300 pesos y Directodo de México desembolsó 109 mil 461 pesos. Mientras tanto, en 2021 ninguna de las quejas presentadas culminó en sanción.

Eran más de 17 mil 159 trabajadores del gobierno de Veracruz los que sufrían estos descuentos de nómina en 2020. La Secretaría de Salud, con 11 mil 506, y el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), con 4 mil 974, fueron las dependencias que más descuentos realizaban.

Los convenios entre el Estado y entidades financieras no comenzaron ese año. Los primeros acuerdos se firmaron en 2005, bajo una administración del PRI. Luego, aunque en el gobierno del PAN (2016-2018) por orden de Condusef se suspendieron, los convenios se reactivaron con Morena en el poder.

Esta tabla de amortización muestra los descuentos quincenales realizados al salario del usuario crediticio, cuánto va a pago de capital y lo que corresponde a pago de intereses. Foto Sergio Hernández Vega.

Para Mario Alberto di Costanzo Armenta, ex presidente de la Condusef, la existencia de estos convenios entre financieras que otorgan créditos de nómina y el Gobierno de Veracruz son una ilegalidad, ya que contraviene diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, entre ellas que el salario solo se puede retener el salario de un trabajador por orden de un juez, como ocurre con las pensiones alimenticias.

“Cuando el salario cae en la cuenta bancaria del trabajador, en ese momento deja de ser salario, el problema viene cuando el descuento o retención del salario se hace 'ex ante' de que caiga a una cuenta, porque en ese momento sigue siendo un salario”.

Una maniobra legal habitual que usan las financieras para saltarse la ley es la de establecer la firma de un mandato judicial, como requisito indispensable para otorgar un crédito a los trabajadores

María Teresa Carbajal Vázquez, dirigente del Barzón, lo explica de la siguiente manera:

“La relación entre patrón y trabajador es de carácter laboral y por esta relación, el patrón no puede tocar el sueldo del trabajador; pero al hacerlos firmar un mandato judicial, el trabajador se convierte en un civil igual que el patrón, y el salario en un dinero cualquiera, con lo que le quitan la protección de inembargable de la ley Federal del Trabajo".

La Jornada buscó a Intermercado, Financiera Maestra y Procasa para que explicaran los términos y condiciones en que firman convenios con el gobierno y cómo gestionan los créditos a los usuarios. Sólo una de ellas atendió la solicitud de entrevista.

Helios Miguel Castro Rico, representante legal de Intermercado, una entidad financiera que utiliza los mandatos para otorgar los créditos con descuentos vía nómina, argumenta que la operación de estos créditos se encuentran en un margen legal, ya que cuentan con autorizaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de la Condusef.

Sobre el mandato judicial, Castro Rico defiende este instrumento, ya que está contemplado en las leyes mexicanas, y en él, el trabajador le pidió a su empleador que le pague a su acreedor:

“Efectivamente la dependencia no puede descontar, pero yo (trabajador) si le puedo pedir que de mi dinero por favor le pague a fulano de tal y obviamente en algunos casos los mandatos son revocables. Aquí no hay coacción para pagar…existe un mandato que el propio trabajador firma” explica, agregando que bajo este modus operandi actualmente cuenta con una cartera de 7 mil 500 trabajadores con créditos de nómina.

Pero para Teresa Carbajal este mandato no puede estar por encima de la Constitución ni de una ley federal. Y advirtió que este mandato judicial contraviene el artículo 104 de la ley del Trabajo, que establece que “es nula la cesión de los salarios en favor del patrón o de terceras personas, cualquiera que sea la denominación o forma que se le dé”.

Una alerta de la irregularidad en que operan las financieras se encendió en 2018, cuando la Condusef instruyó a la Secretaría de Educación de Veracruz a que detuviera descuentos a los maestros por créditos de nómina.

“En ese entonces les dijeron a los maestros que les iban a dar un bono, lo único que tenían que hacer era entregar un comprobante de su talón de pagos; lo que hacían era tramitar un crédito con una nominera, y al mes les llegaba el descuento” explica Mario Di Constanzo.

En aquel oficio la condusef dijo haber advertido que los maestros y trabajadores sólo contaban con talones de pago en los que se reflejan los descuentos que realizaba la SEV, y que en muchos casos importaba casi la totalidad de su salario, “pero no así con la documentación que acredite la contratación de los supuestos créditos, para poder verificar su clausulado y condiciones, así como su aceptación”.

Consupago, Credifiel Fifoso, FM Crédito Maestro y GB Plus, estaban entre las financieras involucradas en las irregularidades detectadas en 2018. Todas ellas firmaron convenios en 2020 con el Gobierno de Veracruz.

Pero la Condusef no fue la única institución que pidió a la SEV detener los descuentos. En la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz del 27 de septiembre de 2018, los diputados locales exhortaron al entonces titular de la Secretaría de Educación, Enrique Pérez Rodríguez, a “procurar mecanismos de solución a la problemática que enfrentan los trabajadores de la educación… que han provocado que los ingresos percibidos sean insuficientes para su subsistencia”.

Los legisladores también pidieron a la SEV dar por terminados todos los convenios con empresas, sociedades financieras y demás personas morales que ofrecen este tipo de créditos a trabajadores de la educación, así como cancelar las claves de descuento respectivas.

Otra alerta tuvo lugar en octubre del 2020 –ocho meses después de que Finanzas reactivara los acuerdos con una docena de nomineras–. La propia Secretaría de Educación anunció que bloquearía a 40 financieras por cobros excesivos a maestros. Pese a ello, la institución ha gestionado desde el año 2020 a la fecha más de 46 mil 597 mandatos de descuentos a la nómina de los trabajadores.

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La Jornada también buscó a la secretaría de Finanzas, Educación, Salud, y el Instituto de Pensiones para hablar del tema. Sólo esta última aceptó la entrevista.

Daniela Guadalupe Griego Ceballos, quien como diputada en 2018 fue parte del exhorto publicado en la gaceta, y que ahora tiene tres años y medio como Directora General del Instituto de Pensiones de Veracruz (IPE), advirtió que ha buscado la revisión y en su caso cancelación de estos convenios.

“La posición ha sido en el sentido de que se revisen esos convenios y si es posible se puedan cancelar. En la actualidad, el IPE tiene contratos con tres entidades financieras que ofrecen créditos con descuento de nómina: Procasa, Intermercado y Crediland", señaló.

–¿Le has pedido al Consejo Directivo del IPE –máximo órgano rector del Instituto– que suspenda los convenios?

–Por supuesto, es un tema que se ha tratado incluso con la Contraloría General del Estado y con la propia Secretaría de Educación de Veracruz.

–¿Y qué te dice el Consejo Directivo?

–Bueno no ha habido una decisión en el sentido de cancelar los convenios, y yo no me mando sola, soy la presidenta del Consejo pero estoy sujeta a los acuerdos del Consejo.

Para sobrevivir a los descuentos, Blanca Estela se mantiene de las ventas de una taquería que maneja su esposo. Y Federico Abundio todos los días regresa de su escuela en Zacamilola, Atlahuilco, alrededor de las 14:00 horas. Después de comer y descansar un rato. Se da tiempo para ir al corral donde tiene cerdos y gallinas en engorda. Pronto será la fiesta del pueblo, y tiene la esperanza de vender sus animales a buen precio.

—¿Usted sabía que por cada descuento que le realizan, el gobierno se queda con un porcentaje?, se le pregunta a Federico Abundo.

—No, no lo sabía.

¿Cuánto ha ganado el Gobierno de Veracruz por descontar el salario de los trabajadores y entregarlo a las casas o entidades financieras, como en el caso de Abundio? De acuerdo con los registros públicos obtenidos para esta investigación, 4 millones 615 mil pesos (213 mil 910.72 dólares) ingresaron a la arcas públicas en el año 2020.

El dinero entra a una cuenta de HSBC a nombre de la Subdirección de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, bajo diversos conceptos: “contraprestación por convenio”, “donación”, y “apoyo”. Y ya en esta área, se reúne con otros ingresos en una cuenta concentradora, que se usa para la compra de medicamentos, material de cirugía y apoyos funcionales.

Sobre las comisiones que se embolsa el gobierno por realizar la cobranza, Samara Jiménez Ortiz, licenciada en Derecho por la Universidad de Xalapa, señala que se trata de un hecho ilícito, “porque no está establecido como tal ¿quién lo dice?¿dónde dice? Esa comisión se cobra por medio de políticas internas, y es irregular, por qué ¿en qué se sustenta? Eso desacredita a las autoridades en apoyo a sus trabajadores”.

Las palabras de Jiménez Ortíz son apoyadas por Mario Alberto di Costanzo Armenta, quien considera que es una irregularidad el pago de comisiones del 3 al 5 por ciento que reciben las dependencias públicas por realizar las cobranzas a las casas o entidades financieras con las que firman convenios.

“Las comisiones que cobran las dependencias son una irregularidad porque contablemente, desde el punto de vista de la contabilidad gubernamental, no tienen cómo registrarlas ¿es un ingreso producto de qué? de una actividad que no está en los objetivos de la dependencia, entonces, es un ingreso irregular, ya sea que reciban ingresos o paguen multas”.

Aunado a las irregularidades administrativas, tampoco hay transparencia sobre cómo se gasta el dinero que llega a la Beneficencia. En respuesta a una solicitud de información realizada para este trabajo, la institución expuso su opacidad: “la información no puede ser desagregada (…) no es posible determinar el destino específico”.

Helios Miguel Castro Rico, representante legal de Intermercado, señala que el pago de esta comisión –que en su empresa llaman regalía– es parte de un acuerdo con las dependencias “porque administrar nuestros créditos es una carga para el área de nómina, entonces nosotros vamos desde un 3 a un 5 por ciento que viene establecido en el contrato y lo depositamos a un patronato que el gobierno nos señala

Daniela Griego, directora del Instituto de Pensiones de Veracruz (IPE) explicó que “es una comisión que se cobra porque para nosotros, y específicamente para toda el área financiera, implica un trabajo adicional, en la nómina hay un calendario establecido día con día sobre cómo se procesa la nómina, y hay un tiempo especial dedicado a las retenciones a terceros, que se soportan con la autorización de la derechohabiencia.

–¿Y ustedes cobran un 5% de comisión?

– En el caso de las financieras sí,

–¿Cuánto ha sido eso en el último año?

–Alrededor de 12 millones o 13 millones (588 mil 877.56 dólares), pero no significa mayor ingreso, considerando que el IPE tiene un presupuesto de alrededor de 9 mil millones anuales, entonces, digamos, no es un ingreso que se pueda pensar que es un negocio para nosotros.

Cuando a Federico Abundio se le pregunta cuánto le falta para liquidar su deuda, se retuerce en su silla, y responde resignado:

—No pues quien sabe… Llevo cuatro años, me falta uno más para que se completen los cinco años. Blanca Estela, en cambio, no está resignada: ha decidido buscar asesoría jurídica para lograr condiciones justas de pago que le permitan recuperar su pensión.

(Investigación realizada para La Jornada, AVC Noticias y Connectas, con el apoyo del International Center for Journalists).