Xalapa, Ver., Desde hace 29 años, Federico Abundio Cuahua, indígena nahua de ojos redondos, cejas gruesas y nariz chata, se abre paso por la sierra de Zongolica para dar clases en una primaria indígena.

Cada día Abundio recorre 30 kilómetros desde su casa, en Los Reyes, hasta su escuela en Zacamilola, Atlahuilco. Y no es un camino fácil: la carretera es angosta, con curvas, y la mayor parte del tiempo está cubierta de neblina.

En septiembre de 2019 Abundio tuvo un accidente en carretera. Salvó la vida, pero su vehículo quedó inservible.

“Aquella ocasión se me acercó un promotor de Financiera Maestra y me dijo que podía darme el dinero que necesitaba para pagar los gastos del accidente. Me ofrecieron 200 mil pesos, con descuentos de 3 mil 100 pesos mensuales”.

Abundio formalizó la solicitud de un crédito por 120 mil pesos. Su plan era comprar un auto usado para ir a trabajar.

Pronto el profesor experimentó los abusos de la casa financiera. El primero, que los descuentos no serían de 3 mil pesos mensuales, sino quincenales.

“Cuando estoy firmando el documento veo que dice: ‘3 mil pesos quincenales’, y yo le dije a la persona que me ofreció el crédito: ‘No, pos ya me fregaste’.”

En abril de 2022 Abundio cumplió cuatro años atado a descuentos directos a su nómina, que sólo le dejan 2 mil pesos en su cuenta bancaria.

“Para sobrevivir tengo que criar puercos, me voy al campo a cortar la hierba o a sembrar algo que pueda vender para tratar de traer dinero a casa”.

Una práctica que viola la Constitución

Estos créditos de nómina con cobranza delegada, en los cuales el patrón descuenta del salario del trabajador el pago a la financiera de manera automática, han sido blanco de críticas en el país por imponer intereses abusivos y generar sobreendeudamiento.

Las financieras que otorgan esos créditos operan en un vacío legal, pero abogados y defensores de usuarios consultados aducen que violan la Constitución y la Ley Federal del Trabajo.

A pesar de las dudas y las quejas, mientras trabajadores como Abundio hacen malabares para sobrevivir, el gobierno de Veracruz lucra con los descuentos.

En 2020 la administración estatal firmó convenios con al menos 12 financieras que ofrecen créditos con descuentos por nómina. La Secretaría de Finanzas concentró el mayor número, pero la de Salud y el Instituto de Pensiones (IPE) también tienen acuerdos.

A partir de estos convenios, el gobierno recibe pagos de entre 3 y 5 por ciento de la cobranza a los trabajadores. Sólo en 2020 el la administración estatal se embolsó 4 millones 615 mil 573 pesos por este concepto, de acuerdo con respuestas a solicitudes de información.

En 2020 eran 17 mil 159 trabajadores del gobierno de Veracruz los que sufrían estos descuentos.

Dos años después de amarrarse al crédito, Abundio buscó un acuerdo con Financiera Maestra, pero fue un fracaso.

“En la audiencia le dije al apoderado: ‘Ya hice mis cuentas y llevo pagados más de 270 mil pesos, casi 300 mil’. ¿Cuánto pedí? 120 mil pesos, pero la financiera insistió en que debo pagar 350 mil por los cinco años ¿De dónde? Ahora quieren que yo los mantenga”, relató el profesor.

Antecedentes de irregularidades

Ocho de las 12 entidades financieras que firmaron contratos con el gobierno tienen antecedentes de malas prácticas. Por el cúmulo de quejas y falta de transparencia, tuvieron una calificación de 0.9 de un máximo de 10 puntos en un estudio que hizo en 2016 la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

María Teresa Carbajal Vázquez, representante legal de El Barzón Resistencia Civil de Veracruz, el gobierno incurre en una irresponsabilidad al firmar convenios de cobranza con financieras sin reparar en sus vicios.

Para tratar de regular el mercado, la Cámara de Diputados aprobó en marzo de 2022 una reforma para crear la figura de crédito de nómina con cobranza delegada. En ella se estipula que un empleador puede aplicar los descuentos de un crédito contratado por el empleado y considera como fuentes de pago el salario, percepciones extraordinarias y pagos de honorarios.

La diputada morenista Ana Ayala Leyva dijo que la reforma elimina la celebración de convenios de cumplimiento de pago entre acreditantes y sindicatos, cámaras de comercio u otras instancias, y se descarta la pensión o renta vitalicia como fuente de pago.

Sin embargo, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) José Yunes Zorrilla consideró que la iniciativa atenta contra la base trabajadora, al transgredir cuatro artículos de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo.

En marzo pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó en contra de la iniciativa: “Nadie puede apropiarse de la nómina del trabajador (...) Ningún banco debe hacerlo, ninguna institución financiera, y el gobierno no debe prestarse a eso”.

Ahora la reforma está detenida en el Senado, pero el mandatario anunció en la misma ocasión que vetará la norma si esa cámara la aprueba.

Abuso impune

Abundio, mientras tanto, continúa en las garras de la financiera.

“Me dijeron que demandara, pero ¿para qué? Voy a terminar gastando más. El dinero que tengo a duras penas es para pagarnos la vida. Entonces mejor lo dejamos así”, expresa resignado.

Samara Jiménez Ortiz, abogada, explica que los abusos de las financieras no se reportan ante las autoridades y quedan en la impunidad.

Eran 17 mil 159 trabajadores del gobierno de Veracruz los que sufrían estos descuentos de nómina en 2020. La Secretaría de Salud, con 11 mil 506, y Pensiones, con 4 mil 974, eran las dependencias que más descuentos aplicaban.

Pero los convenios no comenzaron ese año. Los primeros acuerdos se firmaron en 2005, bajo una administración del PRI. Luego, por orden de la Condusef, se suspendieron durante el gobierno del Partido Acción Nacional (PAN, 2016-2018), pero se reanudaron ya con Morena en el poder.

Para Mario Alberto di Costanzo Armenta, ex presidente de la Condusef, estos convenios son una ilegalidad, ya que contravienen la Ley Federal del Trabajo, que estipula que sólo se puede retener el salario de un trabajador por orden de un juez.

“El problema viene cuando el descuento o retención del salario se hace ex ante de que caiga a una cuenta, porque en ese momento sigue siendo un salario.”

Una maniobra legal habitual que usan las financieras para eludir la ley consiste en imponer la firma de un mandato judicial.

Teresa Carbajal explica que, al hacerlo firmar un mandato, “el trabajador se convierte en un civil igual que el patrón y el salario en un dinero cualquiera, con lo cual quitan al ingreso la condición de inembargable que le da la Ley del Trabajo”.

Mandato judicial, un atajo

La Jornada buscó a Intermercado, Financiera Maestra y Procasa, pero sólo una de ellas atendió la solicitud de entrevista.

Helios Miguel Castro Rico, representante de Intermercado, argumenta que la operación de estos créditos está dentro de un marco legal, ya que cuenta con autorizaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de la Condusef.

Sobre el mandato judicial, Castro Rico señala: “La dependencia no puede descontar, pero yo (trabajador) sí le puedo pedir que de mi dinero le pague a fulano de tal. Aquí no hay coacción para pagar, existe un mandato que el trabajador firma”.

Teresa Carbajal subraya, sin embargo, que ese mandato no puede estar por encima de la Constitución ni de la Ley Federal del Trabajo.

Intermercado tiene vigente una cartera de créditos de nómina con 7 mil 500 trabajadores del gobierno de Veracruz.

Una de las irregularidades de las financieras encendió las alarmas en 2018, cuando la Condusef instruyó a la Secretaría de Educación estatal que detuviera los descuentos por créditos de nómina.

Consupago, Credifiel Fifoso, FM Crédito Maestro y GB Plus estaban entre las financieras señaladas por irregularidades en 2018. Pese a ello, todas firmaron convenios en 2020 con el gobierno local.

Un mes después, en la Gaceta del Estado los diputados locales exhortaron a la Secretaría de Educación a terminar con estos convenios.

Otra alerta surgió dos años más tarde, cuando la misma dependencia anunció que bloquearía a 40 financieras por cobros excesivos. Sin embargo, la institución ha gestionado desde entonces más de 46 mil 597 mandatos de descuentos de nómina a sus trabajadores.

En 2020 entraron más de $4 millones a las arcas públicas

La Jornada buscó a las secretarías de Finanzas, Educación y Salud y al IPE, pero sólo esta última entidad aceptó la entrevista.

Daniela Griego Ceballos, quien como diputada en 2018 fue parte del exhorto publicado en la Gaceta y quien lleva tres años y medio como directora de Pensiones, dijo que ha buscado la revisión y cancelación de estos convenios.

“Es un tema que se ha tratado incluso con la Contraloría General y con la propia Secretaría de Educación (...) Pero no ha habido una decisión en el sentido de cancelar los convenios y yo no me mando sola, estoy sujeta a los acuerdos del consejo”, dijo.

Cuatro millones 615 mil pesos ingresaron a la arcas públicas en 2020 por hacer descuentos a los trabajadores para entregarlos a las financieras. El dinero entra a una cuenta de HSBC, a nombre de la Subdirección de la Beneficencia Pública, bajo conceptos, como “contraprestación por convenio”, “donación” y “apoyo”. Ahí se suma a otros ingresos que se usan para la compra de medicamentos, material de cirugía y apoyos funcionales.

Di Costanzo considera que el pago de comisiones que reciben las dependencias públicas es irregular.

“Desde el punto de vista de la contabilidad gubernamental, no tienen cómo registrarlas. Es un ingreso, ¿producto de qué? De una actividad que no está en los objetivos de la dependencia”.

Daniela Griego, de Pensiones, explicó: “Es una comisión que se cobra porque implica un trabajo adicional”. Y señaló que por este concepto han recibido entre 12 y 13 millones de pesos el último año.

Mientras tanto, para sobrevivir a los descuentos, Abundio cría cerdos y gallinas además de trabajar en la escuela.

–¿Sabía que el gobierno recibe un porcentaje por cada descuento?

–No, no lo sabía.

Investigación realizada para La Jornada, AVC Noticias y Connectas, con el apoyo del International Center for Journalists