Ciudad de México. El Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México le otorgó una suspensión de plano y oficio al ex director general Jurídico y de Gobierno de la entonces delegación Benito Juárez, Luis Vizcaíno Carmona, quien fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito, contra cualquier tipo de amenazas, puesta en peligro de la vida y confinamiento de las que pudiera ser objeto.

“Se otorga al directo quejoso de oficio y de plano la suspensión contra las amenazas, puesta en peligro de la vida, confinamiento y demás prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Para el efecto de que cesen de inmediato y no se ejecuten o se continúen ejecutando” señala el acuerdo del impartidor de justicia.

Por ello, requirió a la autoridad responsable el cumplimiento inmediato de la suspensión de plano que concedió.

De acuerdo con las investigaciones de la autoridad capitalina, el ex funcionario quien fue detenido a finales de julio por elementos de la policía de investigación en la colonia Del Valle, presuntamente formaba parte del Cartel Inmobiliario, al realizar posibles extorsiones y supuestos intercambios de favores al margen de la Ley, con las que habría logrado enriquecerse al someter a la alcaldía Benito Juárez a sus propios intereses.

Los abogados del ex funcionario presentaron el juicio de amparo el pasado 12 de agosto, bajo el argumento de que que su detención fue indebida y puso en peligro su integridad.

No obstante el juez primero de amparo declinó competencia y turnó el expediente a su homólogo del juzgado Sexto de Amparo de la Ciudad de México, quien ya conocía del asunto.

“En razón de turno y por conocimiento previo, al Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, corresponde conocer y resolver el presente asunto”.

La semana pasada, un juez de control de la Ciudad de México lo vinculó a proceso por el presunto delito antes mencionado, por lo que permanece en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en lo que corren los tres meses que el impartidor de justicia otorgó para la investigación complementaria.