Cuernavaca, Mor. Empresarios, extranjeros –principalmente canadienses–, políticos e incluso autoridades municipales de los tres trienios recientes han adquirido terrenos en las partes baja y media del Parque Nacional El Tepozteco, al nororiente del centro de Tepoztlán, donde construyen “ilegal” e “indiscriminadamente”, a pesar de que forman parte del corredor biológico Chichinautzin, advirtieron el ex alcalde Lázaro Rodríguez Castañeda (2000-2003) y el activista Roberto Robles Quiroz, ambos vecinos del barrio de Domingo.

La edificación de residencias en esa zona obstruye el paso de los manantiales y los accesos a las partes altas de los cerros, donde se encuentran las vistosas puntas de piedra.

El área es parte del corredor biológico por decreto presidencial de 1988 para proteger la flora, la fauna y los mantos acuíferos que abastecen a Morelos.

Bloquean sitio histórico

Parte de la cueva La Fundición –donde los revolucionarios encabezados por Emiliano Zapata elaboraban cartuchos para pelear en la Revolución Mexicana– ya fue cercada por extranjeros, quienes han corrompido a las autoridades comunales y municipales para que los dejen construir, aseguraron los inconformes.

Antes de 2012, recordaron Rodríguez Castañeda y Robles Quiroz, pobladores y turistas podían subir a esa cueva, un atractivo histórico de Tepoztlán, pero hace unas semanas descubrieron que los accesos estaban cercados con alambres de púas y postes de concreto en algunas partes y en otras hasta con una barda de piedra.

Rodríguez Castañeda lamentó que desde 2012 se hayan privatizado estas zonas naturales protegidas y parte de los cerros de Tepoztlán, sagrados para los lugareños. El abuso desmedido de los compradores de tierra en esta zona llegó al grado de que los propietarios de la finca más cercana a la punta del cerro se llevaron hasta las piedras con que los zapatistas adornaron la chimenea del horno de la cueva.

No se sabe con precisión el número de terrenos vendidos, de casas edificadas en las partes baja y media de los cerros, porque “todas las ventas se hacen de manera ilegal, ya que se trata de tierra comunal de Tepoztlán. Es una acción de compraventa ‘por fuera’, y lo que se hace oficialmente es el cambio de la posesión de la tierra, la constancia, pero no es una acción legal. Cada constancia comunal tiene al pie la leyenda: ‘La tierra comunal no es enajenable, no es vendible’”, puntualizó Robles Quiroz.

Como parte de estos actos de corrupción de los tres niveles de gobierno en los 10 años recientes, señaló Rodríguez, han llegado al grado de obstruir hasta la cañada de Chicuazemac, uno de los abastecimientos de aguas pluviales que enriquece todos los mantos freáticos del municipio y del estado”, las mismas aguas que van a parar hasta el río Balsas, que cruza el estado de Guerrero.

Intentan legalizar invasión

Durante un recorrido por la cañada Chicuazemac, por el camino real a Santo Domingo Ocotitlán, ambos activistas explicaron a La Jornada que la ocupación se agravó desde que el entonces gobernador perredista Graco Ramírez (2012-2018) impuso un nuevo comité de representación comunal para que apoyara la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla de cuatro a 10 carriles, proyecto al que se opusieron los verdaderos habitantes de Tepoztlán, y hasta hoy hay dos comités que se dicen “legales” y “legítimos”.

“Anticipábamos y observamos desde entonces una invasión a Tepoztlán. Finalmente se instaló este grupo de comuneros, encabezados por Clemente Cuevas. El problema es que ya se han otorgado constancias comunales y se están iniciando la urbanización y la construcción de casas”, dijo Roberto Robles Quiroz.

Los dos comités de bienes comunales ya entregaron constancias de posesión y cuando menos los tres ayuntamientos más recientes otorgaron permisos para edificar residencias, aun cuando saben que esta parte del cerro forma parte de la Unidad de Gestión Ambiental del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del municipio; es decir, se trata de “una zona de conservación; no se debe construir nada para mantener el medio ambiente de Tepoztlán”.

Las autoridades que participan en esta invasión, agregó Roberto Robles, aprovecharon la pandemia de covid-19. “Desde que podemos salir con más tranquilidad y seguridad, hemos visto una explosión en la especulación y el tráfico de tierras, así como del turismo masivo”.

Tanto Roberto Robles como Lázaro Rodríguez, fundador de Los Tejones, un grupo de voluntarios que apagan incendios, anunciaron que tratarán de unirse de nuevo para defender su territorio indígena, su medio ambiente, sus cerros y su agua, como lo hicieron en 1995 contra un campo de golf que trataron de imponerles.

En respuesta, el presidente municipal David Demesa Barragán, de Movimiento Ciudadano, aseguró que este ayuntamiento no se ha otorgado una sola licencia de construcción; “por el contrario, se han realizado recorridos para inhibir el crecimiento urbano”, incluso con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y otras dependencias federales.