A lo largo de los años los siempre voraces y mezquinos barones de la minería, con elevadísimo número de concesiones en el bolsillo (especialmente las otorgadas en los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto) y la descomunal extensión territorial que ellas amparan (lo que ha estimulado el neolatifundismo en el país), han contado con la decidida complicidad (por acción u omisión) de las dos instituciones del Estado mexicano (las secretarías de Economía y del Trabajo) encargadas, por ley, de inspeccionar, supervisar y, en su caso, sancionar a las empresas mineras.

Dichas instituciones suelen hacer como que “tapan el hoyo” sólo después de alguna tragedia (y éstas se suceden con terrible frecuencia) en la que los únicos afectados son los trabajadores mineros y sus familias, mientras las “autoridades” mantienen impunes a los barones del sector, quienes nada hacen por mejorar las condiciones de seguridad en las minas concesionadas. Se trata de un círculo perverso que, al parecer, nadie está interesado en desactivar.

La información publicada ayer por La Jornada (Arturo Sánchez Jiménez) da puntual cuenta de lo anterior. Dice así: “desde 2007, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado deficiencias en la operación de la Secretaría de Economía –dependencia que otorga las concesiones mineras– respecto del control del padrón de títulos de concesión en el sector minero y de los pagos de los derechos, así como la falta de sanciones por incumplimiento de los concesionarios y una marginal cobertura de las visitas de inspección”. De igual manera, “en las más recientes revisiones hechas por la ASF, correspondientes a las cuentas públicas 2019 y 2020, el organismo fiscalizador encontró que la Secretaría de Economía –que realiza visitas de inspección a las concesiones mineras, mientras la supervisión de las condiciones laborales de las minas corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social– llevó a cabo 92 visitas de inspección anuales, lo que significa que sólo revisó 0.4 por ciento de las casi 25 mil concesiones que estaban vigentes”.

Con base en esa información, se conoce que la Secretaría de Economía sólo inspecciona, anualmente, a una minúscula porción de las 25 mil concesiones por ella otorgadas –las que, a su vez, tienen varias zonas productivas dentro del enorme territorio que cada una de ellas ampara–, y ese negligente comportamiento se repite en la Secretaría del Trabajo, pues tampoco hace lo que legalmente le corresponde. En el mejor de los casos, las inspecciones y supervisiones de ambas se concentrarían en los grandes consorcios mineros (la mayoría propiedad de Germán Larrea, la familia Bailleres, Carlos Slim y las mineras canadienses), siempre con la posibilidad de que los inspectores y supervisores sean maiceados por los patrones (recuérdese el caso de Pasta de Conchos).

Pero no sólo la ASF ha reiterado sus advertencias sobre el sector de la minería. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha denunciado que “una gran cantidad de minas de la zona carbonífera (de Coahuila) no cuentan con condiciones de trabajo que garanticen la seguridad de sus trabajadores, quienes además carecen del equipo y/o de la capacitación necesaria para realizar sus labores de acuerdo con las condiciones de seguridad e higiene que señala la normatividad”.

Las condiciones en esos centros de trabajo son desastrosas, pues la mayoría de las minas no cumple con las normas de seguridad e higiene; los pozos no cuentan con salida de emergencia; no se han constituido comisiones de seguridad e higiene como marca la ley; los trabajadores no tienen capacitación para el trabajo ni equipo de seguridad mínimo, y tienen que utilizar su propio equipamiento, ya que la empresa o los contratistas no se los proporcionan; el minado de los pozos y de muchas minas se hace restringiendo los materiales para su construcción y forzándolos al máximo; el empleo que generan los pocitos es inseguro, subregistrado y altamente peligroso; Coahuila registra el índice más alto de incapacidades laborales del tipo parcial permanente en todo el país”. Además, las secretarías del Trabajo y de Economía son omisas “en el desempeño de algunas facultades que la normatividad les otorga”.

Y ese análisis de la CNDH data de 2011, de tal suerte que 11 años después las condiciones y actitudes no se han modificado.

Las rebanadas del pastel

Por cierto, hoy se conmemora el 256 aniversario de la victoria de la primera huelga minera en América. Estalló en Real del Monte, en Pachuca, Hidalgo.