La norma 26, que buscaba impulsar y facilitar la construcción de vivienda de interés social y popular en suelo urbano, se convirtió en “un gran negocio” en Benito Juárez durante las administraciones de Mario Palacios y Jorge Romero, cuando se autorizaron 384 proyectos.

Tan sólo en un año, de 2010 a 2011, el número de autorizaciones creció 396 por ciento al pasar de 26 a 129, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), mismo que se hizo llegar a la fiscal general de Justicia capitalina, Ernestina Godoy Ramos.

Vecinos Unidos, organización con presencia en toda la ciudad, le hizo entrega de dicho documento y “ya le tocará investigar dónde se aplicó dicha norma y qué notarios escrituraron las viviendas que rebasaron los 700 mil pesos, que eran el tope”, afirmó Susana Kanahuati.

El enlace de la organización señaló que “existe el riesgo de que ex funcionarios de la entonces delegación Benito Juárez incurrieran en delitos federales, como lavado de dinero, pues la imposibilidad de mover gran cantidad de dinero los pudo llevar a ponerlo en piedras”.

La edificación de inmuebles, que “ha sido una constante, les ha dado poder y les permitió comprar votos, lo que ha derivado en una planeación desordenada e ilegal, una continua falta de agua y la expulsión de cientos de familias a la periferia”.

El bando 2, que impulsó en su momento el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando estaba al frente de la jefatura de Gobierno, que facilitaba el acceso de vivienda a la población pobre en las delegaciones centrales, “terminó siendo prostituido”.

La posibilidad de “hacer grandes negocios llevó a ex funcionarios de la demarcación a hacer su cochinito con la norma 26, con el apoyo de gente de la Seduvi y de notarios, por lo que la investigación de la fiscalía debe ampliarse a éstos”.

Por lo que la participación de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales será fundamental en el caso de notarios, porque “las viviendas construidas con esa norma se vendieron al doble o a más del triple del valor establecido”, afirmó.

En tanto, el diputado local José Martín Padilla Sánchez solicitó a la FGJ que extienda a la alcaldía Miguel Hidalgo y a su titular, Mauricio Tabe, su investigación en torno a la corrupción en materia inmobiliaria que se inició en Benito Juárez.

Ello, indicó el vicecoordinador de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, debido a que personas cercanas a Luis Vizcaíno, ex funcionario de Benito Juárez preso acusado de enriquecimiento ilícito, forman parte del gobierno de la alcaldía de Miguel Hidalgo, como Orlando Garrido López, quien es director jurídico de la demarcación, mismo puesto que ocupó en Benito Juárez de 2009 a 2015.