En el juego de los conceptos no nos quedamos atrás. La seguridad nacional nos llena la boca y ponemos al Estado realmente existente contra la pared porque sus mandatarios no entienden nada.

Acreditado quedó que el Presidente no puede alterar un mandato constitucional escrito con claridad y destinado a asegurar la validez y duración de un acuerdo entre el gobierno y su partido y los que conforman la oposición. Nada más y nada menos.

Pero el acuerdo constitucional de entonces ha sido flagrantemente atropellado por el gobierno responsable de cumplirlo y resguardarlo. El acuerdo hablaba de una posibilidad, de un sendero mediante el cual podríamos aspirar a unas formas de gobernanza que en cada paso recogieran la esencia de diversidad y pluralidad con la que, mal que bien, hemos navegado por la maltrecha globalidad de la que somos parte. No ocurrió así y las responsabilidades están por dilucidarse.

Las naciones afectadas por las crisis, que son varias, y desde luego por los avatares de la globalización conocida, tienen que recurrir a diversos formatos de acuerdos y búsqueda de consensos entre partidos y fuerzas sociales organizadas. De no lograrlo, pueden afrontar diversos momentos de cuestionamientos de su autoridad y legitimidad hasta llegar a su caída, cuando se trata de un régimen parlamentario o la división frontal que usa de la guerra de trincheras como horizonte simbólico para la siguiente elección presidencial. He aquí uno de los puntos de ventaja del régimen parlamentario, solemnemente despreciado en nuestro medio.

Los temas de un hipotético encuentro nacional serían, de cualquier forma y en cualquier formato, los que tienen que ver con la producción y el empleo y desde luego con la distribución de sus frutos. Proceso que nunca termina, pero la autonomía que le otorgó la visión liberista debe ser revisada a la luz tanto de sus imperfecciones fehacientes como de las enormes fallas distributivas que propicia un formato de libre, y a veces por la libre, movimiento de las fuerzas económicas.

La (in)seguridad que hoy nos define reclama tratamiento aparte. Tiene que comenzar por una convención de expertos en sus diferentes dimensiones; desde luego tiene que ver con los actores y fuerzas institucionales que urge poner en acto para frenar la violencia del crimen organizado y desplegar una auténtica estrategia de contención y disolución de sus falanges.

Nada de esto será mínimamente viable sin un concurso activo del vecindario, encabezado por los Estados Unidos de América, pero más que revisitado por los países del Istmo Centro Americano. Qué tanta presencia foránea necesitamos no es un asunto de soberanía, sino de táctica, conveniencia y estrategia.

Los conceptos vuelan y mutan, hasta cambiar de naturaleza, pero las fuerzas decisivas están dispuestas, a todo lo largo y ancho del país. Aquí no hay, no debe haberlos, adversarios políticos ni enemigos de proyecto. Lo que tiene que haber, y pronto, es la puesta en acto de un protocolo robusto de entendimiento para la acción de las fuerzas políticas y de las fuerzas sociales organizadas. ¿Cuántas escenas como las del martes serán necesarias para confirmar que estamos mal y de malas, que urgen cambios y éstos no pueden seguir esperando?

Cerrar con firmeza y estrategia el paso a unos contingentes como los que de nuevo asomaron su nefasta nariz en Guanajuato y Guadalajara es una verdadera cuestión de seguridad nacional que ha puesto a la patria y al propio Estado en peligro inminente, cierto, cercano. Gran desafío, cuya atención verdadera requiere de replanteamientos a fondo en las estrategias seguidas.