Ciudad de México. La nueva ley general de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación busca reconocer a la ciencia como un derecho y no como un privilegio, y garantizar el uso riguroso y transparente de los recursos públicos destinados al sector para alcanzar la soberanía científica en el país, afirmó María Elena Álvarez-Buylla, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

En entrevista, adelanta a La Jornada que el anteproyecto de ese marco normativo está casi listo, “sólo falta un último dictamen para que la consejería jurídica del Poder Ejecutivo dé su visto bueno y el presidente Andrés Manuel López Obrador defina a qué cámara del Congreso de la Unión enviará la iniciativa”.

No descarta la posibilidad de que el proyecto se discuta en el próximo periodo ordinario de sesiones, a partir de septiembre, de manera “que podamos alcanzar uno de los grandes logros del proceso de transformación del país”.

La experta en génica molecular y encargada de orientar la política pública en materia científica destaca que la ciencia, como actividad social, debe estar al servicio de la humanidad con dos guías fundamentales: bienestar social y cuidado ambiental.

Critica, asimismo, que en sexenios anteriores se utilizara la ciencia para “derrochar” los recursos públicos, en lugar de invertirlos en una verdadera agenda científica nacional. Precisa que durante casi dos décadas, se convirtió al Conacyt “en una suerte de fachada de ciencias y de desarrollo tecnológico, porque en realidad era una caja oscura, bastante grande, donde sin transparencia se distribuyeron miles de millones de pesos”.

Álvarez-Buylla asegura que el dispendio de recursos públicos supera 45 mil millones de pesos, tan sólo en lo otorgado al sector privado, entre 2001 y 2018. “Y ese dinero ni siquiera fue para hacer tecnociencia, sino para favorecer intereses creados, probablemente aliados políticos y para legitimar gobiernos. Aunque se hizo con sus normas hechas a modo, es inmoral e inaceptable. No podíamos seguir haciendo lo mismo”.

Desde su llegada al Conacyt en 2019, añade, se encontró entre otras múltiples irregularidades, “con elefantes blancos, construcciones, con el pretexto de desarrollos científicos, que nunca se realizaron e implicaron miles de millones de pesos tirados a la basura en estados, además, donde había urgencias científicas, tecnológicas y carencia de becas”.

Agrega que “nos dejaron más de 10 mil proyectos científicos sin seguimiento ni cierre o cancelación en tiempo y forma, ni mucho menos la devolución de recursos. Hemos recuperado casi 8 mil millones de pesos sin reclamo legal, porque los argumentos son contundentes. Tan sólo la semana pasada, con ese trabajo de revisión, recuperamos 400 millones de pesos. ¡Estamos hablando de montos enormes!”

En 2019, con la reforma al artículo tercero constitucional, México se convirtió en el primer país del mundo en promulgar desde su Carta Magna el derecho universal a la ciencia y sus beneficios.

Así, la aprobación de la primera ley general en la materia no sólo garantizará ese derecho, sino sentará las bases de una política científica en beneficio de la población y el uso transparente de los recursos, así como permitir que los ordenamientos estatales sean congruentes con estos objetivos, establece la directora general del Conacyt.

También “evitará las prácticas del periodo neoliberal que afectaron a miles de estudiantes, pues las becas de maestría y doctorado se utilizaron como señuelos, aun dentro de universidades públicas, para hacer de los posgrados negocios y cotos de control donde coordinadores o intermediarios decidían cómo repartir las becas del Conacyt, sin ninguna claridad”.

El anteproyecto del nuevo marco jurídico, resultado de un largo proceso de análisis, debate y discusión iniciado en 2021, incluso con organizaciones y colectivos opuestos a la transformación del sector, contempla modificar el nombre del Conacyt a Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Con el nuevo marco normativo “buscamos el bienestar social, que es el pilar fundamental en este gobierno, y que nadie quiera aprovechar los recursos asignados a este sector para sus propios negocios, sean o no con base científica y tecnológica”.