Desde 2007, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado deficiencias en la operación de la Secretaría de Economía (SE) –dependencia que otorga las concesiones mineras– respecto al control del padrón de títulos de concesión en el sector minero y de los pagos de los derechos, así como la falta de sanciones por incumplimiento de los concesionarios y una marginal cobertura de las visitas de inspección.

En las más recientes revisiones hechas por la ASF, correspondientes a las cuentas públicas 2019 y 2020, el organismo fiscalizador encontró que la SE –que realiza visitas de inspección a las concesiones mineras, mientras la supervisión de las condiciones laborales de las minas corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social– llevó a cabo 92 visitas de inspección anuales, lo que significa que sólo revisó 0.4 por ciento de las casi 25 mil concesiones que estaban vigentes.

En los informes de la fiscalización de las cuentas públicas 2007, 2010, 2012 y 2013, la ASF hizo una serie de auditorías relacionadas con la recaudación de los derechos sobre las concesiones mineras y el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios.

Posteriormente, en las revisiones de las cuentas públicas de 2014 a 2017, la ASF analizó la recaudación de derechos, la distribución de los mismos y su aplicación en proyectos de inversión física por parte de los estados y municipios mineros.

De 2018 a 2029, examinó la gestión de los derechos mineros, la regulación y modernización de la actividad minera y la extinción del fideicomiso Fondo Minero.

En dichas revisiones la ASF observó deficiencias en la integración y control de los informes técnicos y estadísticos de comprobación de obras y trabajos de exploración y explotación, así como de los informes sobre la producción, beneficio y destino de minerales y contables; del inicio de procedimientos de cancelación; de las visitas de verificación, así como de cancelaciones y transmisiones de derechos.

También detectó falta de sanciones por el incumplimiento de obligaciones de los concesionarios mineros y anomalías en la entrega de información oportuna y correcta al Servicio de Administración Tributaria para que éste ejerciera sus atribuciones conforme a la Ley Federal de Derechos.

Además, encontró que la SE carecía de información de los concesionarios mineros, como la falta del RFC, pagos de concesionarios que no se encontraban en el padrón, diferencias en los nombres de los concesionarios y de la razón social, entre otros problemas.

Los reportes de la ASF señalan que en 2019, la SE ejerció 118 millones de pesos para regular, promover e inspeccionar las concesiones encargadas de la exploración, explotación y aprovechamiento minero.

Sin embargo, la SE no dispuso de un diagnóstico en materia de regulación del sector minero, el cual le permita identificar las necesidades regulatorias que requieren atención prioritaria y que permitan orientar la labor gubernamental, en términos de la emisión de propuestas de modificación, para emitir y actualizar los instrumentos jurídicos que regulan la minería.

En relación con el Registro Público de Minería, la entidad fiscalizada no acreditó en 2019 la actualización del registro; la implementación del sistema; los actos y contratos que se inscribieron, ni que estuviera a disposición de la sociedad, por lo que la falta de transparencia jurídica podría incidir en la confiabilidad para la inversión en el sector minero.

De la cartografía minera, la dependencia dispuso de la plataforma denominada Cartominmex, la cual contiene información de la ubicación de las agencias de minería y concesiones mineras, entre otros datos; no obstante, no acreditó las gestiones para su actualización.