Oaxaca, Oax., Profesores de la sección 22, integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), expresaron su repudio contra el ex gobernador priísta de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz (2004-2010), durante una conferencia de prensa que daba ayer en un hotel de esta ciudad.

El grupo de docentes demandó castigo para el político, a quien acusan de la muerte de 28 personas durante el conflicto político-social que enfrentó a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y al magisterio en contra de su administración en 2006.

El priísta, en tanto, exponía sus aspiraciones políticas y se excusaba de los ocurrido en su sexenio. Además, ensalzó su gobierno al asegurar que en ningún otro hubo más resultados, y en ese momento el grupo de 15 profesores e integrantes de organizaciones sociales empezaron una manifestación afuera del hotel.

La cuenta está pendiente, le gritan frente a un hotel

“¡Ojo por ojo, diente por diente!, ¡Ulises, asesino, la cuenta está pendiente!”, gritaron en la puerta del hostal. Adán Mejía, líder de la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha, señaló que en Oaxaca el ex mandatario no es bienvenido, porque sus crímenes de lesa humanidad cometidos durante su administración no se olvidan.

Rememoraron que Ruiz Ortiz ordenó el 14 de junio de 2006 un desalojo violento de 70 mil profesores de la sección 22, que mantenían un plantón en el centro de capital del estado, lo que dio pie a un conflicto que duró casi seis meses y se reactivó, de manera intermitente, durante 2007.

Mario Martínez Cruz, dirigente del sector Periferia de la sección 22, recordó que durante ese conflicto murieron 28 civiles, y se violaron los derechos humanos, incluso se le acusa de haber creado “las caravanas de la muerte”, integradas por varias camionetas conducidas por personas armadas que en las noches atacaban las barricadas colocadas por la sección 22 e integrantes de la APPO en diversos puntos de la capital y municipios conurbados.

El líder señaló que Ruiz debe responder por la represión al magisterio y la desaparición de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz, tras entregarlos al Ejército Mexicano, por lo cual la Suprema Corte ordenó a la Sedena abrir los cuarteles para permitir su búsqueda.