Tras la suspensión por parte del gobierno de Estados Unidos del programa Protocolos de Protección al Migrante (MPP), conocido popularmente como “Quédate en México”, no hay cifras claras respecto a la magnitud de ésta medida.

El Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Atención a Refugiados no reportan cifras oficiales, ya que es un programa a cargo de las autoridades estadunidenses.

Por otra parte, de acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) al último corte correspondiente al periodo de diciembre a junio, apuntan que se inscribió a 9 mil 653 personas en el MPP, pero fueron 5 mil 765 “no ciudadanos” los que fueron devueltos a México luego de las inscripciones iniciales para continuar con su proceso migratorio.

El lunes, medios informativos estadunidenses refirieron que el DHS dejó de incluir a los migrantes en dicho programa, pero procesará a las personas que ya están inscritas y les permitiría continuar con sus casos de asilo dentro de Estados Unidos.

El protocolo se estableció en diciembre de 2018 por la administración de Donald Trump, y con el aval del gobierno mexicano, en una acción que fue considerada como violatoria a los derechos humanos por las ONG.

Tras arrancar de manera formal, en enero de 2019, agrupaciones como Human Rigts Watch reportaron que al menos 72 mil personas solicitantes de asilo habían sido incluidas hasta diciembre de 2020, pero al final de su primera fase, organizaciones estimaron que había más de 100 mil.

El gobierno de Joe Biden suspendió inicialmente esa política en enero de 2021, al firmar una orden ejecutiva, pero tras una resolución de un juez federal, se reanudó en diciembre pasado.

De las cifras reportadas por el DHS de enero a junio, más de la mitad de las solicitudes son de migrantes nicaragüenses, seguidos de cubanos, colombianos, venezolanos y ecuatorianos.

El MPP, lo definió el DHS, como una acción “mediante la cual los ciudadanos y nacionales de países, aparte de México, que llegan a Estados Unidos por tierra podrían ser devueltos a México (…) mientras sus procedimientos de remoción se encuentren pendientes en territorio estadunidense”, y delegaba la encomienda de brindarles atención, seguridad y salud a las autoridades mexicanas.

Además de excluir a migrantes originarios de México, quedaban fuera de este proceso niños no acompañados, extranjeros procesados para una remoción expedita, “casos especiales”, o los que considerara a discreción el agente migratorio.