Para evitar la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales, debe exigirse a los partidos políticos que revisen los antecedentes de sus candidatos, vean a quiénes están postulando y adopten medidas para que detengan cualquier injerencia de recursos ilícitos en las campañas, señalaron ayer consejeros electorales y especialistas.

Al continuar los foros del parlamento abierto para la reforma electoral en la Cámara de Diputados, alertaron que la eliminación del financiamiento público a partidos políticos es un riesgo, porque puede haber más dinero privado en campañas, sobre el que se tienen menos controles en términos de la fiscalización. De hecho, el financiamiento ilegal de particulares es un “elefantote en la sala” que no se ha podido sacar.

De igual manera manifestaron preocupación de que en este momento se apruebe una reforma electoral constitucional de gran calado, pues ésta se pondría a prueba en la elección presidencial de 2024, que es más compleja. Lo mejor sería probarla en comicios intermedios, para luego ajustarla con miras a los presidenciales.

En el foro de ayer, en su formato de debate en el Canal de Congreso, se abordaron los temas de seguridad, combate a la violencia, prevención de la intervención del crimen organizado en los procesos electorales y nulidad electoral.

Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) y María de los Ángeles Fromow, ex fiscal para Delitos Electorales, destacaron que el sistema comicial en el país es robusto, aunque perfectible, y que muchas de las cosas que se pueden mejorar requieren de una reforma a leyes secundarias, no constitucional. Por ejemplo, una modificación necesaria es obligar a las autoridades judiciales a compartir con el INE información, pues por carecer de ésta no se ha avanzado en el caso Odebrecht.

Oswaldo Chacón, consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, estimó que no es prioritario un cambio en la legislación electoral, como sí lo es el combate a la pobreza y a otros problemas del país. Pero si los actores políticos llegan al consenso de reformar, que se haga a partir de datos objetivos, un diagnóstico claro y tomando en consideración el resultado de los foros, apuntó.

Junto al fiscal para delitos electorales de Jalisco, Ricardo Suro, los consejeros y especialistas coincidieron en que la solución al desafío en materia de seguridad implica que todas las instancias competentes asuman su responsabilidad y se tenga la debida coordinación interinstitucional.

El funcionario chiapaneco estimó que para atajar el financiamiento ilegal privado, como el que otorgan empresarios a candidatos, se tendría que cambiar de régimen político. Ir a un sistema parlamentario, en el que se vota por listas de partidos y por tanto los políticos ya no tienen necesidad de posicionarse personalmente ni de recursos para campañas.

Por otra parte, trascendió que el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera se disculpó ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados porque no les es posible atender la convocatoria a participar en los foros por cuestiones de agenda. Con él suman dos los integrantes del Tribunal Electoral de la Federación que declinaron asistir a esos encuentros.