Gustavo Petro ha llamado las cosas por su nombre: al tomar posesión como presidente de Colombia, el domingo pasado, exhortó a la despenalización internacional de los estupefacientes hoy prohibidos y a remplazar la llamada “guerra contra las drogas” por medidas orientadas a reducir el consumo de esas sustancias. En la visión del nuevo mandatario, es impostergable reconocer el fracaso rotundo de esa guerra, “que ha dejado a un millón de latinoamericanos asesinados” y que cada año causa la muerte por sobredosis de decenas de miles de estadunidenses.
El posicionamiento es bienvenido en la medida en que pone en el centro del debate la catástrofe causada por la imposición en América Latina de un empecinamiento estadunidense que se originó a principios del siglo pasado y que tenía detrás intereses inconfesables. Pero las estrategias antidrogas sólo pueden considerarse fracasadas si se da por hecho que buscan y buscaron hacer frente, por medio de acciones legales, policiales y militares, al fenómeno de las adicciones. Desde otra perspectiva, tales estrategias han sido en realidad un medio para impulsar el narcotráfico, el lavado de dinero, las ganancias de los fabricantes de armas y las acciones injerencistas de Washington en el continente. Y desde ese punto de vista han resultado un éxito rotundo.
Ciertamente, el prohibicionismo cuenta con muchos partidarios que actúan de buena fe y que lo ven con toda sinceridad como una forma indispensable de mitigar el drama social de la drogadicción. “Cuidar a los jóvenes”, suele ser su lema, y tienen todo el derecho a creerlo. Pero la legitimidad del empeño por inducir a las naciones latinoamericanas a políticas represivas contra el narcotráfico choca frontalmente con los hechos.
Hay una polémica sobre si las plantaciones de amapola en el Pacífico mexicano se originaron o no para surtir de materia prima a la industria farmacéutica del país vecino, que debía producir morfina en grandes cantidades para aliviar los dolores de los heridos de guerra en la contienda mundial de mediados del siglo XX (https://is.gd/A9dw5H). Son hechos documentados, en cambio, la complicidad de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) con narcotraficantes laosianos y sudvietnamitas durante la guerra de agresión a Vietnam (https://is.gd/cQwb3U), así como el papel de esa misma dependencia de Washington en la promoción del paso por México de la cocaína de Colombia hacia territorio estadunidense (https://is.gd/IexmIb) a fin de allegarse de los fondos que el Congreso le había negado a la administración de Ronald Reagan para adquirir armas destinadas a la contra nicaragüense.
También está probado que la agencia estadunidense antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) lavó dinero para el cártel de Sinaloa (https://is.gd/VsLPC6) y que la oficina de control de alcohol, tabaco y armas de fuego (ATF, por sus siglas en inglés) conspiró para surtir a esa misma organización con miles de fusiles de alto poder (https://is.gd/fjO8wq). También son hechos conocidos que el cultivo de amapola en Afganistán, que había sido severamente reducida por el primer régimen talibán (1996-2001), pasó de 8 mil a 224 mil hectáreas en las dos décadas que duró la ocupación estadunidense (https://is.gd/Juvo8L) de ese país (2001-20).
El combate al trasiego de drogas provoca dolor, muerte y descomposición institucional en América Latina pero las instituciones bancarias con sede en Wall Street, la City de Londres y otros centros financieros internacionales se hinchan de ganancias lavando cientos de miles de millones de dólares año tras año. Un caso ejemplar es el de JP Morgan, que le guardó mil millones de dólares al mafioso ruso Semion Mogilevich, acusado de narcotráfico, mientras la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) lo tenía entre su lista de los prófugos más buscados. Más escandalosa es la historia de Wachovia, una entidad financiera propiedad de Wells Fargo con sede en Charlotte, Carolina del Norte, que lavó 378 mil millones de dólares a diversos cárteles mexicanos; cuando las autoridades del país vecino “descubrieron” el asunto, le impusieron una multa de 110 millones de dólares, equivalente a menos de 1 por ciento de las ganancias obtenidas por la empresa con tales operaciones (https://is.gd/IvTNeo).
Por lo demás, la “guerra contra el narcotráfico” le ha aportado a Estados Unidos enormes beneficios para su industria armamentista y grandes márgenes para intervenir en los asuntos internos de los países a los que se ha impuesto esa estrategia, particularmente Colombia y México: mediante pactos como el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida, gobiernos entreguistas y oligárquicos de estas dos naciones pusieron buena parte de su seguridad nacional en manos de dependencias de Washington.
Hay muchas otras consideraciones por las cuales resulta imperativo poner fin a la estrategia “antidrogas”, sacar el problema de los estupefacientes del ámbito de la seguridad pública al de la salud pública. Pero sobre todo, urge acabar con ella no porque sea un fracaso, sino porque ha sido una sangrienta y dolorosa farsa.
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