El método no es nuevo, aunque ha tenido expresiones de escándalo internacional (el culiacanazo, que significó dejar forzadamente en libertad a Ovidio, uno de los hijos de El Chapo Guzmán), las más recientes en Jalisco y Guanajuato y ayer en Ciudad Juárez: grupos delictivos no sólo obstruyen el paso a unidades militares y policiacas mediante narcobloqueos, sino, ahora de manera recurrente, atacan puntos socialmente muy sensibles, como las tiendas que llaman de conveniencia y estaciones de gasolina, para generar alarma social y colocar a los gobiernos ante el riesgo de ataques masivos contra la población ajena a la detención o persecución de jefes del crimen organizado.

Tal presión de los cárteles contra la población no combatiente genera material para la especulación respecto a los resultados finales de las acciones gubernamentales. Al ser detectada por el Ejército la narcocumbre de Ixtlahuacán del Río, Jalisco, desató una serie de graves incidentes en esa entidad y en Guanajuato, pero a pesar de la fuerza militar concentrada en ese punto, los jefes no fueron detenidos, según la versión oficial.

Ayer, en el contexto de una riña dentro de un penal de Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó muertos y heridos, se produjeron seis incendios en tiendas de conveniencia y gasolineras, con un saldo preliminar de dos mujeres asesinadas. A la hora de cerrar esta columna no se había establecido la relación entre lo sucedido en el interior de una cárcel y los ataques sincronizados en puntos socialmente sensibles. A menos que esa sea la estrategia: aterrorizar para negociar.

La trayectoria empresarial y política de Jaime Bonilla Valdez se ha caracterizado por irregularidades y acusaciones de abuso de poder. Dos botones de muestra: como gobernador de Baja California quiso quedarse algunos años más en el cargo mediante un “fraude constitucional” (así lo calificó el presidente de la Corte); como patrón, bastaría recordar el caso de la periodista Lourdes Maldonado.

Amigo de Palacio Nacional ( Astillero relacionado: “La tentación de extender” https://bit.ly/2G6UpUj), luego de dejar el gobierno de la entidad norteña llegó a ser felicitado en redes sociales por su presunto arribo inminente a una subsecretaría federal de Gobernación. La presidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero, tuiteó sus parabienes para quien, decía la morenista , tomaría posesión del cargo el 14 de diciembre de 2021 (https://bit.ly/3Qh5DI6).

Por razones no difundidas (tal vez por la indiscreción) no se concretó el nombramiento en la SG en esa temporada decembrina, y el 23 de enero del año en curso fue ejecutada la periodista Maldonado, quien había ganado una demanda laboral a Bonilla y estaba en vías de tener acceso a la documentación de una empresa televisiva en la que, aseguraba la comunicadora, habría pruebas firmes de sistemática violación de derechos laborales y de pagos fiscales ( Astillero anterior, sobre el tema: https://bit.ly/3drKpZG). En ese contexto, parecería provocador llevar al ex gobernador a Bucareli. Además, su sucesora, también morenista, Marina del Pilar Ávila Olmedo, ha impulsado investigaciones oficiales sobre presuntos actos de corrupción que lo involucrarían.

Dirigió luego su vista a la senaduría que había ganado en 2018 gracias al oleaje de votos obradoristas. Una sala regional del tribunal electoral federal determinó que era improcedente tal retorno, pues una persona no puede mantener vigentes dos cargos de elección popular al mismo tiempo, y Bonilla había declinado la senaduría al optar por la gubernatura. Pero este miércoles, la sala superior de dicho tribunal, por cuatro votos contra dos y en ausencia del magistrado presidente, resolvió en definitiva que Bonilla puede volver al escaño. No porque el razonamiento judicial anterior fuera equivocado sino… porque los magistrados consideraron que la parte impugnadora, Acción Nacional, no tiene legítimo interés en el asunto. Mmm. ¡Hasta el próximo lunes!

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