Nuevo Laredo, Tamps. A casi tres años de la masacre en la colonia Valles de Anáhuac, donde 8 personas fueron secuestradas y asesinadas por elementos del Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas (CAIET –hoy GOPES-, el Gobierno de Tamaulipas reconoció su responsabilidad y ofreció disculpas públicas) a los familiares de las víctimas y a los sobrevivientes.

El 5 de septiembre de 2019, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas daba a conocer que habían “abatido” a civiles armados; meses después quedó al descubierto lo sucedido, las víctimas eran personas, principalmente jóvenes, secuestradas en diferentes puntos de Nuevo Laredo, llevada a un domicilio, donde los obligaron a ponerse unos “uniformes” para luego asesinarlos.

Las víctimas del secuestro y multihomicidio son; Wilbert Irrastreto Pérez, de 20 años; Juana Jetzel Graciano Magaña, de 20; Cindy Esmeralda Briseño Chapa, de 39; Luis Fernando Hernández Viesca, de 19; Enrique Pérez Chávez, de 20; Jennifer Hazel Romero López, de 21; José Daniel Saucedo Hernández, de 19 y Severiano Treviño Hernández, de 34.

Este viernes, 12 de agosto, el Gobierno de Tamaulipas a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ofreció disculpas a los familiares de las 8 víctimas, así como a los sobrevivientes de la masacre.

“El gobierno del estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública reconoce la falla en el actuar de los integrantes del estado, y ofrece una sentida y formal disculpa pública, a los familiares de las víctimas, reconocemos que estos elementos de la Secretaría incurrieron en errores e inobservancia de la normatividad que regula parámetros y límites en el ejercicio de sus funciones lo cual derivó en la lamentable pérdida de la vida” señaló el coordinador general de operaciones de la SSPT, José Rafael Rivas Valdez.

El funcionario reconoció la violación de los derechos humanos de las víctimas por partes de los integrantes del CAIET y SSPT, quienes aseguro actuaron en forma unilateral, ilegítima e indebida, alterando la escena y fabricando un presunto acto delincuencial.

Reconoció la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas y asentó “hoy los funcionarios actuales, acudimos responsablemente a esta disculpa pública y asumimos el deber y convicción institucional de reconocer las irregularidades y errores que cometieron los elementos policiales involucrados y las decisiones unilaterales que tomaron para pretender librar las responsabilidades penales de estos actos”.

A nombres de los familiares de las ocho víctimas, el sacerdote Carlos Ramírez Moreno –tío de una de las jóvenes asesinadas- aceptó la disculpa pública por parte de las autoridades estatales.

“Un requisito para ser perdonado es sentir arrepentimiento y hoy las familias aceptamos su arrepentimiento, aceptamos que reconozcan su agravio, que reconozcan su error y su equivocación que nos cambió la vida, que nos trastorno y nos destrozó para siempre, en el nombre de Jesucristo nuestro señor, rey de reyes, señor de señores, les perdonamos”, dijo Ramírez Moreno.

Destacó que las autoridades de Tamaulipas pudieron evitar el sufrimiento de la familia, si desde los primeros días hubieran reconocido el mal actuar de los elementos policiacos, pero tuvieron que pasar casi 3 años para que se diera.

“Es muy trascendente que el gobierno del estado de Tamaulipas ofrezca estas disculpas públicas por los hechos ocurridos, reconociendo que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos de las víctimas y que estas violaciones causaron un daño irreparable para las familias” señaló por parte Jesús Peña Palacios Representante Adjunto de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.

Los familiares de las víctimas reconocieron la labor desarrollada por Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, que desde el inicio los acompañó y fue la base para esclarecer esta masacre.

Los hechos

Fue el pasado 5 de septiembre de 2019, cuando el Gobierno de Tamaulipas a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, anunció que elementos de la Policía Estatal, CAIET y SEDENA habían abatido a ocho miembros de un grupo armado.

Testigos y una sobreviviente de la masacre fueron la clave para desentrañar lo sucedido; el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo logró documentar con fotos, videos y testigos, que las víctimas fueron secuestradas en sus domicilios.

Llevadas hasta la casa de Severiano Treviño en Valles de Anáhuac, donde las obligaron a ponerse un uniforme tipo militar, para luego ejecutarlos. Les sembraron armas, pusieron una camioneta con blindaje artesanal y alteraron todo para hacer creer que había sido un enfrentamiento.

Finalmente las familias de las víctimas con apoyo del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, demostraron ante las autoridades que se trató de una masacre, donde ocho personas fueron ejecutadas extrajudicialmente por los elementos del CAIET y Policía Estatal con la complicidad de la SEDENA, después de haber sido secuestrados en sus domicilios.