La pretensión legislativa de modificar la Constitución Federal mexicana para que los jueces y magistrados federales sean cambiados de adscripción cada cinco años se basa en una presunción injustificada: que esos cambios son la mejor opción para acabar con la corrupción y el nepotismo. Como si no se estuviera trabajando al respecto. Los hechos son distintos: en la actual administración judicial se han implementado mecanismos insalvables para evitar la confluencia de titulares y sus familiares en el mismo circuito.
El Consejo de la Judicatura Federal ha cambiado de adscripción a cientos de juzgadores para prevenir tal concurrencia. Además, para que un juez pueda darle un nombramiento a un pariente de cualquier juez o magistrado, aunque no esté en el mismo circuito judicial (mismo Estado de la República) donde se dará el trabajo, es necesario obtener el visto bueno de la Comisión de Integridad del propio Consejo; con lo cual se evita que un titular pueda auxiliar (recomendar) a sus familiares consanguíneos o políticos para laborar en el poder judicial sin que se cumplan requisitos de transparencia: ya hay mecanismos de sobra para evitar el nepotismo. En ninguna administración judicial se ha cuidado tanto esta situación; en la cual, cabe decir, no puede generalizarse ya que muchos parientes de titulares trabajan más que el resto de los empleados. Así como hay familiares abusivos e incumplidos, los hay que redoblan esfuerzos para no dejar mal al ascendiente. La reforma propuesta se basa en una presunción errónea.
Cuando el pariente de un juez no trabaja, se le denuncia ante la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del propio Consejo; está unidad tiene miles de asuntos en trámite. Nunca como ahora se tramitan denuncias en contra de trabajadores y titulares para evitar tanto el maltrato de unos, como la inactividad de otros, amén de sancionar la corrupción y los rezagos judiciales. La presidencia del Ministro Zaldívar ha sido implacable en tales casos.
Más allá de establecerse los inconvenientes para los titulares que cambiaran de residencia cada cinco años; especialmente en su familia del juzgador, si niños y jóvenes requieren estabilidad en la educación y en las relaciones interpersonales, los adultos mayores que viven con sus hijos juzgadores estarán en riesgo ante la disparidad territorial en servicios médicos; lo cierto es que no se puede trabajar si no hay confianza entre jueces y personal. Laborar con personal distinto cada cinco años, ciertos los trabajadores y el titular de que al cabo de ese plazo llegará otro juez, no solo impide una compenetración suficiente entre juez y trabajadores sino que la calidad de la justicia será menor: se trabajará, simplemente, para esperar el relevo y eso afectará a la ciudadanía.
Hoy, los juzgadores se esfuerzan en tener los mejores resultados, con cero sentencias pendientes a fin de mes, porque saben que eso será valorado para que continúen en la ciudad donde laboran. Al Consejo de la Judicatura le interesa tener buenos jueces y que su rendimiento sea el mejor posible en cantidad y calidad; para ello se han instaurado muchos mecanismos de control como las visitas mensuales, las ordinarias, las virtuales y las extraordinarias; si los diputados piensan que el cambio de residencia de los titulares mejorará esta situación es porque desconocen la función judicial.
Quizás es el momento de modificar la constitución para que representantes del poder judicial obligadamente estén presentes como diputados o senadores, de la misma forma en que representantes del ejecutivo y el legislativo son consejeros de la Judicatura y participan en la vigilancia de jueces y magistrados. De esta manera estarían al tanto de las muchas acciones que se dan al interior de la Judicatura Federal para combatir la corrupción y el nepotismo.
