La alianza PAN-PRI en Chihuahua ofrece una primicia de lo que puede ser el Va por México: uso torcido de las leyes, manipulación de los supuestos poderes autónomos, represión a la crítica y a la disidencia.

Tan sólo en las últimas semanas varios hechos han revelado el verdadero rostro del restauracionismo autoritario y corrupto, mismo que ha sido materia de varias denuncias públicas.

El pasado 3 de agosto, el diputado local por Morena Gustavo de la Rosa Hickerson, acompañado del también diputado morenista David Óscar Castrejón Rivas, presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para que investigue las conductas de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, del secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, y de la licenciada Nidia Aidín Orpinel Pizarro y demás personas involucradas en el nombramiento y reconocimiento de Orpinel Pizarro como fiscal especializada en Materia de Combate a la Corrupción, puesto inexistente por haber desaparecido el 27 de diciembre de 2020 y haber tomado posesión del cargo como encargada del despacho de la Fiscalía Anticorrupción, órgano constitucional autónomo.

El nombramiento denunciado por De la Rosa sigue a la renuncia, por demás inexplicable, de la anterior fiscal anticorrupción Gema Guadalupe Chávez Durán, el pasado 18 de mayo, siendo que había sido designada por el Congreso por un periodo de siete años a partir del 4 de enero de 2019. Es necesario aclarar que la fiscal Chávez Durán en el verano de 2020 inició un procedimiento contra la actual gobernadora María Eugenia Campos Galván, investigando el destino de cantidades de dinero que pagaban contratistas a la presidencia municipal cuando Campos Galván ocupaba ese puesto.

Días antes el diputado De la Rosa había presentado un exhorto a la Comisión Permanente al Congreso del estado para que renunciara la encargada del despacho de la Fiscalía Anticorrupción, exhorto que fue votado en contra por la mayoría prianista del Congreso.

Otro caso que llama la atención por el desaseo y las trampas del prianismo chihuahuense es la demanda de juicio político contra el ex gobernador Javier Corral Jurado. Ésta fue presentada el 31 de mayo por el ex asesor del gobierno de César Duarte Gerardo Cortinas Murra por “varias omisiones y acuerdos incumplidos por la entonces administración estatal en materia de ahorro y austeridad del gasto, como son vuelos en primera clase, sueldos exorbitantes y la no venta de aeronaves, entre otros”. Con una presteza digna de mejores causas el PRIAN en el Congreso dio entrada a la demanda e instaló la Comisión Jurisdiccional. Ésta, presidida por un diputado del PAN en una atropellada y opaca reunión el pasado 1º de agosto, decidió supuestamente aprobar el dictamen del juicio político y así lo dio a conocer al público. Sin embargo, de inmediato el representante de Moena en dicha comisión, diputado Óscar Daniel Avitia Arellanes, manifestó que su partido no estuvo de acuerdo con el dictamen, pues al cuarto para las 12 la Secretaría de Asuntos Legislativos les modificó en sentido contrario el dictamen que originalmente se les había entregado, que no aprobaba el juicio político por falta de pruebas e inconsistencias.

En la reunión de la Comisión Jurisdiccional el 8 de agosto, Avitia reiteró el rechazo de Morena por diversas irregularidades como el cambio del sentido del dictamen, porque la Consejería Jurídica del estado no contaba con los documentos que se solicitaban para el juicio político y porque la denuncia contaba con deficiencias que no son saneables y no deberían ser corregidas por la comisión o la secretaría técnica. Y concluyó: “Al no impulsar este proceso no tratamos de proteger a nadie, sino evitar una persecución motivada por el revanchismo político. Se trata de pugnar por que se respete la ley, que un proceso de ese calado se realice apegado a derecho”.

Ese mismo día, el denunciante, Cortinas Murra en los hechos le dio la razón a la bancada de Morena al anunciar el lunes 8 que se desistía de continuar con el procedimiento de juicio político que interpuso contra el exgobernador Javier Corral, aduciendo los vicios de origen cometidos por la comisión jurisdiccional del Congreso del estado.

Las represalias por las protestas ante el desaseo no se dejaron esperar: muy al estilo del grupo en el poder, en estos mismos días, las autoridades de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) montaron una campaña de desprestigio y separaron de sus funciones docentes al abogado y diputado local por Morena, David Óscar Castrejón, luego de haber fungido como catedrático durante casi 30 años. El licenciado Castrejón ha estado señalando diversas irregularidades en la UACH. No es el primer caso de una persona catedrática de universidad pública en Chihuahua que es separada de la docencia por sus posturas político-ideológicas, desde que el actual gobierno asumió el poder.

Así es como vienen por Chihuahua, así es como van por México.